Después de escuchar y debatir realidades y propuestas, lo que dominó fue el convencimiento de que no hemos avanzado casi nada, que el desorden persiste en el sector y que no hay razones sustantivas para creer que los indicadores de salud y enfermedad hayan mejorado en el país. En pocas palabras, no se han dado pasos de modernización ni de justicia a favor de los grupos socialmente marginados, que son la mayoría.

El desorden continúa, las prestaciones se multiplican sin calidad, los estudios sociales solo sirven para llenar anaqueles, las organizaciones no gubernamentales invierten sumas relevantes sin resultados que justifiquen y los partidos políticos mencionan marginalmente la necesidad de reformar el sistema, en resumen, el abandono instituido.

Los sectores populares, víctimas permanentes de la crisis, son escenarios de nuevas patologías sociales y de nuevos perfiles epidemiológicos, que se hacen evidentes en la prevalencia de enfermedades propias del subdesarrollo, acompañantes obligados de la pobreza desatendida en crecimiento.

Nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa la democratización de la salud en las ofertas electorales? ¿A qué se debe que los programas de gobierno de los candidatos en pugna traten el tema con ignorancia sin atenuante?

Sería lamentable que un esfuerzo a favor de la salud de los pobres, especialmente, como fue el foro de El Comercio, vaya camino a extinguirse sin dejar rastro, por obra de una clase política que no encara el tema en su verdadera dimensión.

Es en este sector donde se hace más evidente la heterogénea división de las obligaciones sociales del Estado que aumenta el desorden y el dispendio censurable de recursos. La política de salud de este gobierno, si es que la hubo, caminó a bandazos con sus gestos distorsionados de reforma, pero sin llegar al meollo del problema.

No hay posibilidades de reforma democrática, escuchen señores candidatos, sin la participación del Seguro Social.

El Seguro Social Universal, columna vertebral de un Servicio Nacional Unificado de Salud, permitirá justicia, ahorro, eficiencia e integración, en una política unificadora de recursos y servicios y bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

Es necesario terminar con esa orientación mercantilista que este gobierno y los anteriores le dieron a la protección de la salud de la población. El proceso de descentralización, que avanza dando tumbos, obliga a replantear el problema y la profesión médica, a través de sus instituciones representativas; tiene el imperativo de buscarse un espacio participativo en los programas de modernización. Los políticos tendrán primero que enterarse de las deficiencias para después buscar cómo superarlas.

Y por si esto fuera poco, se pretende dejar la política de medicamentos a la perversidad de un TLC, agravando, aun más, la crítica situación que vive la salud de grandes grupos humanos del país. Nos preguntamos cuánta espera puede soportar una democracia y cuánta pobreza puede resistir la libertad.