Suprema decidió no dar el cargo ni juramentar a vocales militares nombrados. Consejo de la Magistratura ya no designará a jueces y fiscales castrenses

Primero fue la Fiscalía de la Nación la que denunció, hace más de quince días, que la nueva Ley Orgánica de la Justicia Militar violaba la Constitución y vulneraba la autonomía e independencia de su institución y del Poder Judicial. Y no solo se quedó en palabras, sino que presentó una acción de inconstitucionalidad contra 30 artículos de dicha disposición. Días después, el Colegio de Abogados de Lima también levantó su voz de protesta y, además de respaldar la iniciativa del Ministerio Público, anunció que presentaría otro recurso de igual naturaleza, pero contra toda esa norma, así como contra el Código de Justicia Militar.

Ayer fueron el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura los que decidieron institucionalmente no participar en la implementación de dicha ley orgánica, por considerar que afectaba la autonomía e independencia de la administración de justicia y porque creaba una instancia paralela a ese poder del Estado, pero con derechos a participar en su marcha administrativa. Sin embargo, hay que recordar que hace tres días el presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano, anunció que no se iba a poner en marcha la nueva Sala Suprema Militar Policial hasta que no hubiera un pronunciamiento de los vocales supremos.

El mismo Vásquez Vejarano informó ayer que la decisión de los magistrados de mayor jerarquía había sido no reconocer como magistrado a ninguno de los dos vocales de origen militar ya nombrados ni, mucho menos, darles el cargo ni tomarles juramento, puesto que no iban a permitir ninguna intromisión en la justicia. Asimismo, señaló que estarán atentos a lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad presentada.

En declaraciones a la prensa formuladas al dar a conocer el nombramiento del nuevo representante de la Corte Suprema ante el Consejo de la Magistratura, Vásquez enfatizó que con esa decisión su entidad ratificaba el imperio de la Carta Magna sobre otra norma de menor jerarquía, como era la Ley de Justicia Militar.

DECISIÓN UNÁNIME
El miembro del Consejo de la Magistratura, Aníbal Torres, informó que por unanimidad de sus miembros su institución había decidido no participar más en la Junta Transitoria Calificadora y Designadora de Vocales, Jueces y Fiscales Militar Policial, la misma que iba a nombrar a todos los magistrados --jueces y fiscales-- militares.

Asimismo, indicó que según el estudio minucioso realizado por cuatro miembros de su institución, dicha norma era abiertamente inconstitucional, porque anexaba al Poder Judicial una instancia judicial dependiente de la justicia militar, pero con injerencia en la marcha administrativa del Poder Judicial, pues sus integrantes tenían el derecho de participar en la toma de decisiones de la Sala Plena.

Del mismo modo, explicó que la disposición aprobada por el Congreso no respetaba la exhortación realizada por el Tribunal Constitucional cuando declaró inconstitucional la anterior estructura judicial militar. Asimismo, aseguró que no le cabía ninguna duda de que, por segunda vez, el Tribunal Constitucional iba a declarar inconstitucional la Ley de Justicia Militar.