Por Jorge Avendaño V., abogado
Nadie quiere implementar la reforma. No lo hace el Congreso, el Ejecutivo ni el Poder Judicial

La reforma de la justicia estuvo ausente del debate electoral y del mensaje del presidente García el 28 de julio pasado. Al parecer, el tema no es importante para los políticos, a pesar de que muchos peruanos piensan lo contrario.

Últimamente, Javier de Belaunde L. de R., acreditado abogado y profesor universitario, ha publicado un libro sobre el tema, en el que analiza con detalle la reforma de la Corte Suprema y del sistema penal, el tema de los recursos humanos de la justicia, los subsistemas de la justicia militar, la justicia anticorrupción y la de los derechos humanos. Plantea el acceso a la justicia, el financiamiento institucional y, finalmente, discute las estrategias para un proceso de reforma eficiente y eficaz. Todo esto teniendo en cuenta el informe de la Ceriajus y las experiencias contemporáneas de España y Argentina.

De Belaunde consigna cinco conclusiones, de las cuales dos me parecen importantes: la primera, que no existe verdadera voluntad para implementar la reforma; y la segunda, que esta falta de voluntad es responsabilidad de las agrupaciones políticas, sin descartar la que corresponde a los tres poderes del Estado.

La Ceriajus hizo un diagnóstico no solo profundo, sino consensuado del sistema judicial peruano. No se limitó al Poder Judicial, sino que se ocupó también del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y de otras instituciones que forman el sistema. Dijo, con precisión, cuáles son los males y cómo se los puede corregir.

Caben las discrepancias, desde luego, pero no las hubo en el seno de la Ceriajus, excepto en ciertos aspectos de la Corte Suprema.

La mayoría en la Ceriajus reclamó una profunda reforma de la corte, tanto en su composición como en sus facultades.

En cuanto a lo primero se propuso que los supremos fuesen solo once, y en cuanto a lo segundo se planteó que la corte se limitara a las funciones casatorias, excepto casos muy especiales.

En lo relativo al gobierno institucional, las facultades que hoy ejerce la sala plena debían pasar al Consejo de Gobierno, integrado por algunos supremos, jueces de los otros niveles y representantes de la sociedad civil.

Los miembros de la Corte Suprema, repito, se opusieron a esta tesis en la Ceriajus.

Pero en todo lo demás hubo acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre, entonces? Nadie quiere implementar la reforma, como acertadamente señala Javier de Belaunde.

No lo hace el Congreso, aprobando las enmiendas constitucionales y legales que se requieren. No lo hace el Ejecutivo, poniendo el tema entre las prioridades nacionales, movilizando a la opinión pública y buscando financiamiento. Y tampoco lo hace el propio Poder Judicial, que es el llamado a hacerlo porque constitucionalmente es autónomo.

Esta indiferencia del Estado no tiene justificación. El diagnóstico ya está hecho, las recetas también se conocen. Pero los llamados a ejecutar lo que ya se ha estudiado se resisten a hacerlo. Y detrás de ellos, los partidos políticos guardan silencio.

Javier de Belaunde, quien integró la Ceriajus, es un antiguo estudioso de la realidad judicial.

Hace varias décadas estuvo vinculado con la capacitación de los jueces. Organizó seminarios nacionales en los que jueces y fiscales discutieron aspectos de la judicatura y, en particular, los temas del razonamiento y la interpretación judicial.

No faltaron críticas al papel de la Corte Suprema, lo cual ocasionó que los seminarios fuesen suspendidos En todo caso, los esfuerzos de Javier de Belaunde son un importante antecedente de la actual Academia de la Magistratura.

El libro es un valioso aporte para la reforma judicial. Ojalá que los responsables de ejecutarla lo lean con detenimiento.