Es adecuada la propuesta gubernamental de incrementar en 43% --con relación al presupuesto inicialmente aprobado-- los recursos destinados a gastos de capital. Con esto se intenta revertir una tendencia bastante antigua de concentrar el presupuesto en el ineficiente gasto corriente, para pagar abultadas planillas públicas.
Esto ha significado que, en los últimos lustros, la inversión pública se haya reducido significativamente del recomendable 5% del PBI anual a la mitad. Esta contracción de la inversión pública, sumada al poco dinamismo en la entrega de concesiones, ha generado un déficit de inversión en infraestructura de servicios públicos estimado en 23 mil millones de dólares. Inexplicablemente, esta brecha ha continuado ampliándose aún en períodos de notable crecimiento económico afectando nuestra competitividad.
Por ello hay que saludar este incremento del gasto de capital, pero advertir sobre la necesidad de que sea bien administrado y distribuido más equitativamente entre las regiones. Solo así se podrá avanzar en cerrar la brecha interna, pues la falta de inversión en infraestructura pública y social incide directamente en la pobreza.
Son, pues, las regiones más pobres las que requieren mayor inversión pública para salir del aislamiento: en muchos casos, esta inversión es la única fuente factible de obtener y utilizar recursos. Del otro lado, las regiones con mayor capacidad de generar actividad económica deberían estar en condiciones de atraer niveles adecuados de inversión privada en infraestructura.
