Saludamos que el Parlamento haya acogido la campaña de nuestro Diario que ha denunciado cómo muchas entidades públicas siguen torturando a sus usuarios con trámites engorrosos, onerosos, innecesarios e incluso ilegales.

Ayer, el Congreso aprobó --en una primera votación que deberá ratificarse-- la derogatoria del requisito de certificado domiciliario. En adelante, solo bastará con la presentación de una declaración jurada simple, para acreditar el lugar de residencia.

Esto es positivo. El certificado domiciliario no solo se había desnaturalizado, como herramienta eficaz para acreditar fehacientemente el lugar de residencia, sino que era usado para generar ingresos extras y muchas veces era motivo de coimas. Cuando su emisión pasó a manos de los notarios, que sí trataban de confirmar el lugar de domicilio, se encareció significativamente.

Es justo, además, que el Parlamento establezca sanciones efectivas para los funcionarios que contravengan las nuevas disposiciones, hagan cobros indebidos o exijan trámites ilegales. Se calcula en 660 millones de dólares los sobrecostos en trámites que generan las entidades estatales.

Esta reacción congresal no debe ser flor de un día, sino que debe ser parte de un programa más amplio de simplificación administrativa dentro de la reforma del Estado. Tal medida debe replicarse para la larga lista de entidades municipales, regionales, judiciales, etc., que alargan los procedimientos administrativos, violan la ley y perjudican la economía de los ciudadanos.