Será capaz el Apra de reactivar el sistema anticorrupción en vez de sorprendernos con procuradores-parchecitos de medio pelo?

La preocupación por la salud del ex presidente Valentín Paniagua viene a coincidir en estos días con la profunda crisis que atraviesa el sistema anticorrupción que él impulsó casi solitariamente desde el gobierno de transición.

Por primera vez en la historia, ex primeros ministros, ex comandantes generales de las fuerzas armadas y otros altos ex funcionarios del régimen de Alberto Fujimori no pudieron refugiarse en la impunidad como pudieron haberlo hecho. Por el contrario, su casi inmediato encarcelamiento, en previsión de sus inminentes fugas, simbolizó, más allá del escarmiento judicial, la dramática catarsis de una hora crucial para el Perú frente al derrumbe del más grande proceso de corrupción del que hayamos sido testigos.

Paniagua no solo nos había devuelto la serenidad y la racionalidad en un momento en que ambas cosas parecían no caber sobre los escombros institucionales, sino que no sabemos de dónde sacó --dadas las patéticas circunstancias-- aquello que según él no debería faltarle al país: su reserva moral.

El gobierno de Alan García, en lugar de intentar poner un parchecito barato en el hoy casi desmantelado sistema anticorrupción, mediante el nombramiento de un cuestionado procurador ad hoc para investigar la administración Toledo, debería precisamente rendirle el mejor homenaje en vida que sin duda se merece Paniagua, reactivando ese sistema y haciendo de este, el real y efectivo símbolo de la moralización de los asuntos públicos y de Estado.

Recuérdese que Paniagua nos dejó un sistema anticorrupción autónomo e independiente, alejado de cualquier monitoreo gubernamental; y montado, además, por todo lo alto, con abogados especialistas de primer nivel y recursos que probablemente no eran los mejores pero tampoco que dieran pena como ahora.

En el marco de la legítima defensa legal del Estado, lo primero que tiene que hacer Alan García y su ministra de Justicia es preguntarse por qué el régimen de Toledo debilitó el sistema anticorrupción y por qué su actual administración gubernamental empieza a caer en el mismo error.

Mientras el procurador-parchecito recientemente nombrado, se aboca a las causas de Toledo, no nos sorprendamos que cualquiera de estos días Vladimiro Montesinos y el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, terminen reduciendo sus penas aun más de las que ya las han reducido, al punto de que hasta hoy nadie parece como culpable del tráfico de armas a las FARC que justamente fue el hilo de la madeja para la caída del fujimorismo.