Domingo, 17 de setiembre de 2006
Conflictos municipales son la mayor causa de convulsión social en el país
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ZONAS DE PELIGRO
Enfrentamientos entre comunidades insatisfechas y autoridades cuestionadas aumentan en temporada electoral y ante la expectativa que genera un nuevo gobierno.

La destrucción de la sede municipal de Chiclayo; un conflicto en la comunidad de Combayo que tiene repercusión nacional; así como la violencia en el distante poblado cocalero de Sion, son los capítulos finales de distintos conflictos que pudieron evitarse pero donde el Gobierno llegó a destiempo o para emitir un juicio en base a la última escena, que suele ser la más violenta.

En el ránking del peligro de convulsión social, destacan entre todos y muy por encima de los conflictos mineros, los de carácter municipal. El combustible que aviva los enfrentamientos son las elecciones en curso y las expectativas que genera un nuevo gobierno. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, dado a conocer esta semana, el 42% de los conflictos sociales se deben a cuestionamientos a las autoridades locales.

Para iniciar un conflicto, casi como regla general, se parte de la denuncia de irregularidades en el manejo de dinero, en especial ahora que creció el presupuesto edilicio gracias al aumento del Impuesto a la Renta, pero lo que hace impredecible su intensidad son sus actores. Siempre hay el riesgo que gente de Patria Roja, Puka Llacta, reciclados senderistas o cualquier grupo extremista, encaucen la movilización social para generar violencia y cuestionar al Estado. Allí radica el peligro que se agrava por la falta de transparencia en la gestión edilicia.

El más lamentable caso de doble injusticia fue el asesinato del alcalde de Ilave, Cirilo Robles, acusado por la turba de malversación, pero que según contraloría en su gestión no se detectó irregularidad. En tanto, el incidente más reciente es el suicida lío entre el alcalde de Chiclayo, Arturo Castillo y su teniente alcalde, José Barrueto, que terminó con el incendio del palacio municipal.

Sin embargo, a diferencia de Ilave, donde hubo ausencia del Estado, en el caso de Chiclayo se subvirtió el orden desde los propios organismos estatales --Corte Superior de Chiclayo, JNE y Tribunal Constitucional-- que dieron resoluciones que beneficiaban a las partes en disputa.

Actualmente, de los 38 conflictos municipales, el del poblado de Arapa, en la provincia de Azángaro, Puno, es el de mayor gravedad. Sus pobladores han emitido su reglamento de autogobierno, con la respectiva carta dirigida al presidente Alan García, y desde hace un año el alcalde del lugar, Jorge Roselló Calapuja, no puede ejercer funciones. Hace dos meses sus pobladores se movilizaron al enterarse que el burgomaestre participaría en un desfile de la comunidad de Esquinapata (perteneciente a Arapa). Llegaron y simplemente quemaron el local comunal y durante el enfrentamiento hubieron 11 heridos. Hasta hoy, dos pobladores continúan hospitalizados.

Dado el riesgo para la viabilidad de cualquier gobierno que significan los conflictos sociales, una de las primeras acciones en la Presidencia del Consejo de Ministros fue crear una Unidad de Prevención. Asimismo, el informe número 30 que emitió la Defensoría no pasó desapercibido porque además de registrar los 91 conflictos sociales existentes --diez activos, 78 latentes y tres resueltos-- es un preocupante indicador de la enorme expectativa que hay en relación con este gobierno.

PELIGROS DE ALTO NIVEL
La mediación del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, en el conflicto entre la comunidad de Combayo y la minera Yanacocha no es el caso modelo para explicar la tarea de prevención que tiene este gobierno ante cualquier ebullición social.

Si bien los peligros de explosión social resultan difíciles de predecir, en todos los casos, sin excepción, se tratan de problemas que han seguido un proceso.

Pero así como Combayo no es el molde que debe seguir el Gobierno, existen casos resueltos que han servido para evitar conflictos. El más reciente ha sido el acuerdo logrado con la comunidad de Michiquillay, Cajamarca, en cuya área habrá explotación minera. Aquí la PCM convocó a diferentes direcciones regionales de los ministerios para que atendieran los pedidos de la comunidad así como un compromiso de Pro Inversión.

El peligro radica, como ocurrió en el gobierno pasado, en que ante un problema local siempre se termine llamando a una comisión de alto nivel e incluso la presencia del presidente del Consejo de Ministros.

Y es que al hacerlo son ignorados los organismos intermedios. Se supone que para eso hay gobierno locales, regionales, direcciones regionales por cada ministerio y un sin fin de organismos estatales.

Es pertinente preguntarse, qué ocurre si es que la comisión de alto nivel no resuelve el conflicto. Resulta posible que las partes en disputa consideren que ya agotaron los caminos legales e incluso en cierta forma se estaría convalidando eventuales actos de violencia.

Lo otro es que como la demanda suele ser irresuelta por los organismos intermedios, entonces de arranque radicalizan las protestas para llamar la atención del Gobierno Central.

Del Castillo, por ejemplo, tiene por costumbre atender por semana a uno o dos presidentes regionales junto con las autoridades locales de la zona. En algunos casos sirve para conocer los problemas más apremiantes y de esa instancia de poder resolver pequeños problemas locales que llevan años sin solución. Claro que lo más complicado es que todos aquellos presidentes regionales o autoridades municipales que van a la reelección tienen un pliego de pedidos mayor o sus quejas resultan más estridentes que la de aquellos que este año dejan el cargo de todos modos.

Si bien resulta impredecible calcular el estallido del conflicto, pese a las alertas de la defensoría y los reportes que emite la misma PNP, siempre un conflicto es resultado de un proceso. En algunos casos, en su etapa embrionaria es tomado con indiferencia por los organismos intermedios del Estado; ante la insistencia de los encargados de resolverla, luego incluso pueden suscribir un acta que no necesariamente será incumplida, hasta llegar a la explosión social, fecha en que recién habrá la movilización del Gobierno y convocará la atención de los medios.

ENEMIGO PÚBLICO
De otro lado, los conflictos sociales donde aparece demandada una empresa privada no solo implican un litigio entre dos partes. Por eso no ayuda a la prevención que la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, interpreta que los conflictos entre una minera y una comunidad son asuntos privados. Fue desubicado su comentario de que la carretera bloqueada en Combayo solo impedía el tránsito de los trabajadores de Yanacocha. Versiones como estas desarman la estrategia del Gobierno de prevenir un conflicto.

La segunda causa de conflicto es por razones ambientales, en los cuales las poblaciones están enfrentadas con las empresas que explotan los recursos naturales.

El reto del Estado es tener mil ojos y mil oídos para advertir y detener cualquier conflicto que pueda derivar en violencia. Pero mayor será la prueba cuando se emprenda la reforma del Estado, proceso en el cual los organismos intermedios deberían funcionar y desactivar las bombas sociales sin esperar el último momento, sin esperar que el asfalto carretero se inunde con sangre inocente.

Las frases
"En este contexto, los campesinos cocaleros ya no solamente estamos en las calles, sino también en el Congreso"
Nancy Obregón
Congresista

"El narcotráfico está mostrando que es un problema de seguridad y viabilidad para el país. Ahora asesina a miembros del Estado"
Jaime Antezana
Sociólogo



Juan Zegarra Salas
4 El peligroso fortalecimiento de los cocaleros



¿En qué municipalidad le han puesto trabas y de qué tipo para formalizar su negocio?

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