Sábado, 31 de marzo de 2007
"La pena de muerte fracasó"


EXPERTOS. Douglass Cassel ha luchado contra abusos inauditos en Palestina, El Salvador y ahora debe hacer lo mismo en su país, EE.UU. Invitado a Lima por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, ofreció argumentos contra la extensión del castigo capital

Por David Hidalgo Vega

Hoy es posible que existan presos sin nombre y celdas sin número, como en una pesadilla que parecía superada. Es posible que, según una argucia legal, se permita toda clase de interrogatorios mientras no se mutile al prisionero. Hay casos recientes de juicios con pruebas desconocidas y detenidos sin derecho a defensa. El abogado Douglass Cassel lleva treinta años luchando contra violaciones parecidas en países convulsionados, pero ahora debe combatirlas en su propio país. Si antes sentía vergüenza por lo que EE.UU. fomentaba fuera de sus fronteras, hoy denuncia lo que pasa dentro. Las cosas no son tan distintas. Entre los abusos que vio en territorio palestino durante los años ochenta, el clima de terror de cuando asesoraba a la Comisión de la Verdad de El Salvador en los años noventa y las tropelías en cárceles clandestinas estadounidenses hay una misma sombra: "Es la Edad Media", asegura.

Usted empezó en esta brega por una experiencia personal.
Tuve uno de los mejores maestros en derechos humanos en el siglo XX: el generalísimo Francisco Franco. A principios de los años sesenta tuve la suerte de ser estudiante durante un año en Barcelona. Eso fue durante la época en la cual los estudiantes universitarios comenzaron a salir a la calle luego de 25 años de represión. Cuando llegué, decidí observar esas manifestaciones. Un día la policía me detuvo y me acusó de ser el agente provocador extranjero responsable del descontento. Me interrogaron de manera gentil porque era estadounidense, pero a mis compañeros españoles los interrogaron con medios menos gentiles. El cónsul americano me sacó. Meses después, siempre de turista, me encontré una manifestación sindical y me llevaron de nuevo. Me dijeron que si me encontraban en otra situación de esas, me iban a echar del país. A esa experiencia se sumó la enseñanza de un profesor muy querido, abogado socialista democrático de Barcelona a quien todavía veo con frecuencia.

¿Por eso se hizo abogado?
Estudié Economía en la Universidad de Yale y me gradué en el año 69. En esa época tenía varias opciones: ser llamado para ir a Vietnam --una guerra injusta--, ser encarcelado, refugiarme en Canadá o seguir con mis estudios. Opté por seguir mis estudios como abogado. Cuando terminé pasé tres años como abogado militar. Fui defensor de los militares acusados de delitos y luego me convertí en fiscal, para procesarlos. Luego pasé dieciséis años en un estudio de Chicago que llevaba gratuitamente casos de derechos civiles. A fines de los años ochenta fui invitado a Palestina. Cuando vi lo que ocurría, decidí trabajar a nivel internacional.

¿Qué hecho lo impresionó?
Toda clase de represión por parte de la ocupación militar israelí, incluyendo tortura, insultos, indignidades personales de todo tipo. Visitamos clínicas, escuelas, refugios para huérfanos, etc. Lo que me impresionó más fue el papel de Estados Unidos. Entendí que Israel había tenido no solo el apoyo diplomático, sino una ayuda de tres mil millones de dólares anuales. Como ciudadano de EE.UU. me sentí responsable y avergonzado.

¿Cómo es la lucha por los derechos humanos en EE.UU., que siempre se jactó de ser el país de las libertades?
Durante los años 90 pasé mucho tiempo en varios países de América Latina luchando contra la tortura, los juicios militares, detenciones arbitrarias, etc. Nunca se me ocurrió que yo tendría que llevar esa misma lucha dentro de Estados Unidos, hasta después del 11 de setiembre del 2001, cuando el Gobierno comenzó con un programa de detenciones arbitrarias sin acusación formal, sin acceso a abogados, sin acceso a tribunales, según informes de inteligencia poco confiables. Luego vino lo de las torturas, las prisiones clandestinas y los presos sin nombre y las celdas sin número, como contó Jacobo Timerman sobre Argentina. Eso pasa en Estados Unidos. Al principio éramos un pequeño grupo de activistas y abogados de derechos humanos que nos opusimos a esas prácticas. Año tras año, ganamos apoyo de colegios de abogados y de los grandes estudios de abogados que, aun cuando no son campeones de derechos humanos, son celosos del Estado de derecho.

Usted escribió que Alberto Gonzales, fiscal general de EE.UU., promovió un concepto de tortura en que se permitía todo mientras no se mutilara un miembro o no se destrozara un órgano. ¿Qué otras barbaridades ha visto?
La elección es muy difícil, ¡hay tantas cosas! Pero creo que lo peor son las prisiones clandestinas con los presos desconocidos. Hace dos semanas al fin el presidente Bush reconoció públicamente que teníamos esas prisiones, en las que quedaban catorce prisioneros, y que iba a enviarlos a Guatemala donde serían juzgados en tribunales militares. No se ha cerrado esas prisiones y el hecho de que existan es un rechazo total de la historia de la humanidad. Eso es la Edad Media.

Guantánamo es la peor muestra.
Esa prisión se abrió en enero del 2002, a los pocos meses de los atentados, y casi de inmediato el Centro para los Derechos Constitucionales en Nueva York inició demandas ante los tribunales de EE.UU. y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demandamos contra la postura del Gobierno de que Guantánamo era como la Luna, donde ningún tribunal de EE.UU. tiene jurisdicción y ningún ciudadano extranjero tiene derecho alguno, ni bajo la constitución de EE.UU., ni los tratados internacionales ni bajo los tribunales de Cuba. Perdimos el caso en la primera, peor aun en la segunda. Solicitamos una revisión discrecional por parte de la Corte Suprema y cambiamos la postura para que no fuera de los terroristas contra el Gobierno, sino del Estado de derecho contra el Gobierno. Enviamos memoriales de ex jueces, colegios de abogados de Inglaterra, de profesores de Oxford, ex diplomáticos. En junio del 2004 la corte falló a favor. Ahora hay unas doscientas demandas y centenares de abogados han visitado Guantánamo. Y hace dos meses la corte falló que los juicios militares por decreto ejecutivo no estaban de acuerdo con los convenios de Ginebra y no se podía procesar a esos presos con esas reglas.

Usted ha dicho que hay como una guerra civil ideológica a favor y en contra dentro del Gobierno.
Así es. Pero es una batalla muy limitada. ¿Qué se discute? El tipo de juicio militar que se debe aplicar. ¡Hombre, no debería haber ningún juicio militar para estos casos! Deben ser juicios civiles.

Esta situación recrudeció a pesar de casos como el de Pinochet, que alimentaban la esperanza en la jurisdicción internacional para combatir crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo le hace sentir?
Pues muy frustrado, pero con un sentido de lucha. Cuando estuve en El Salvador hace quince años, durante la época de asesinatos y masacres, la situación era frustrante. Habían asesinado a tres de los presidentes previos de esa comisión. Recibíamos advertencias del Departamento de Estado y teníamos que salir con guardaespaldas de Naciones Unidas. Era difícil, pero esos problemas han sido superados. En EE.UU. las cosas han avanzado, ¿pero qué pasa si hay otro ataque terrorista? Podría cambiar el clima de nuevo .

El ejemplo cunde: aquí piden extender la pena de muerte.
Para mí la pena de muerte no sirve a sus propósitos, sino que amenaza la dignidad humana tanto del condenado como de quienes la ejecutan. Es ineficaz: EE.UU. tiene las tasas de delincuencia común más altas del mundo. Pero, además, tiene un efecto discriminatorio: no hay ningún rico que haya recibido la pena de muerte. Eso también tiene un efecto racial, porque los pobres que la reciben son o negros o latinos. Además, tiene el problema de la imperfección del ser humano frente a la irrevocabilidad de una ejecución. Algo de cuarenta por ciento de las condenas es revocado en la etapa de apelación y ha habido varios casos en que hemos descubierto pruebas de inocencia pocas horas antes de la ejecución. No se sabe cuántos inocentes han sido ejecutados. Entonces, la pena ha sido un fracaso.

Tendríamos que denunciar la Convención Americana.
No podrían establecerla sin retirarse de la convención, lo cual sería una gran pérdida.

Usted ha llevado casos peruanos a la corte interamericana.
Tengo dos casos. Uno es de la familia Gómez Paquillauri, cuyos dos hijos fueron secuestrados y ejecutados. El segundo caso es el de la masacre de Castro Castro con intervención personal del presidente Fujimori. Yo represento como a 200 sobrevivientes. Esta semana o la próxima la CIDH se reúne en Costa Rica y posiblemente dé una sentencia.

¿Se podría vincular ese caso al pedido de extradición?
Hay materia más que suficiente para procesar al presidente Fujimori por esas ejecuciones extrajudiciales y la obstaculización de la justicia. A mi modo de ver, debe ser incluido en una solicitud de extradición a Chile.

¿Es optimista en su esfuerzo a pesar de todo?
En El Salvador investigamos la masacre de seis jesuitas. Un día el padre José María Tojeira, uno de los sobrevivientes, dijo: "Vamos a perdonar a los asesinos siempre y cuando acepten su responsabilidad". Me impresionó. No soy un buen católico, pero cosas como esa me dan esperanza.

LA FICHA
Nombre:
Douglass Cassel.
Profesión: Abogado, catedrático.
Trayectoria: Ha sido consultor de la ONU y la OEA, del Departamento de Estado de EE.UU. y de la Fundación Ford. Miembro y ex presidente del Centro de Justicia de las Américas y del Centro para el Debido Proceso Legal.





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