Ministro de Defensa informó que hay cinco oficiales denunciados. También se anuncia inventario del material de guerra en todo el país

Por Jorge Saldaña Ramírez

Delicado. ¿Sabe usted cuántas balas se han sustraído en los últimos años de los depósitos de armamentos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Se calcula que unas cien mil unidades, entre balas de corto y mediano alcance, cifra que revelaría que estos almacenes se han convertido en una coladera.

Lo peor es que no se sabe si han ido a parar a manos de las bandas de asaltantes, de los secuestradores, de los terroristas o de los guerrilleros de las FARC de Colombia. Nada ha sido descartado todavía porque continúan las investigaciones.

Lo cierto es que hasta ahora han sido sancionados cinco oficiales por el robo de municiones de guerra guardados en los almacenes de Ica, uno de ellos es el jefe del servicio de estos depósitos.

Estas informaciones fueron examinadas durante la reunión reservada que tuvo ayer la Comisión de Defensa del Congreso con el ministro de Defensa, Allan Wagner Tizón, quien aceptó el pedido multipartidario para que en el más breve plazo se informe al Poder Legislativo el número total y ubicación del armamento en poder de las Fuerzas Armadas. Según lo trascendido en esta reunión, el depósito de municiones instalado en Pisco tendría el sistema de seguridad más precario.

Hay que advertir que esta cifra no incluye el número de fusiles u otro tipo de armamento que también fueron sustraídos de los depósitos militares en los últimos años y, a decir del titular de Defensa, revela la urgencia de aplicar un estricto control de los depósitos militares, para lo cual se requiere recursos económicos.

El presidente de la Comisión de Defensa del Poder Legislativo, Luis Gonzales Posada (Apra), no pudo ocultar su preocupación por este hecho, aunque aseveró que ello era consecuencia del descuido que en los últimos 15 años han propinado los anteriores gobiernos.

Planteó, por ejemplo, que muchos de los depósitos de armamento ubicados dentro de la ciudades sean trasladados a otras áreas extraurbanas y que cuenten con monitores y demás medios de vigilancia para evitar que se repitan estos latrocinios.

Pero no es todo. Wagner admitió que los puestos militares de la frontera norte carecían de todo apoyo logístico debido a que el único helicóptero que cumplía con esa misión estaba fuera de servicio.

Gonzales Posada dijo que la Comisión de Defensa del Congreso y el despacho ministerial del mismo sector coinciden en la necesidad de estructurar una política estatal de frontera, porque esta simplemente no existe y es otra herencia del pasado.

SEPA MÁS
4 El caso de los mineros ecuatorianos que se han infiltrado por los alrededores del Puesto de Vigilancia 4, en la frontera peruano-ecuatoriana, data desde fines de agosto pasado.

4El canciller José Antonio García Belaunde dijo ayer en la sesión de la Comisión de Defensa que se trata de un hecho aislado, aunque no descartó que detrás de estas incursiones hubiera apetitos económicos de empresarios peruanos que contratan personas para que extraigan oro y sea procesado en Ecuador.