De nada sirvieron las propuestas críticas de la sociedad civil para mejorar una norma que es inconstitucional y que, más que transparencia y fiscalización, parece expeler un ánimo intervencionista y de intimidación no conocidos en tiempos democráticos como este.

Prevaleció el carpetazo y ganó esa especie de amnesia colectiva que, por estos días, deambula en el Parlamento y que ha hecho que grupos irreconciliables en el pasado se unieran en sospechosas migas. Peligroso virus que ha hecho 'olvidar' a los congresistas de todos los pelajes políticos las consecuencias de amparar camisas de fuerza, como la que impuso al propio Congreso el régimen dictatorial fujimontesinista, sin dudas ni murmuraciones, allá por los años 90.

Es irónico, pero el Congreso usó contra las ONG las mismas armas. Lejos de propiciar un diálogo inteligente con estos organismos, contestó con la ironía y el insulto. "¿Por qué saltan si el suelo está parejo?", dijo un prominente congresista aprista esta semana, mientras ciertos personajes fujimoristas y otros reaparecidos sorpresivamente en la escena nacional salieron a denostar de todas las organizaciones no gubernamentales, sin pruebas ni mayor vergüenza.

El encuentro del primer ministro Jorge del Castillo con algunas ONG abrió algunas puertas, pero solo sirvió para la foto. Al final, el Parlamento hizo lo que quiso y con algunos maquillajes insustanciales confirmó los controles: por ejemplo, la inscripción obligatoria de estas organizaciones en los registros de la APCI para poder ejercer su ejercicio privado y esa ambigua 'armonización' (antes priorización) de los proyectos de las ONG en función de la política nacional.

¿Qué viene ahora? La decisión final ha quedado en manos del jefe del Estado, quien tiene la oportunidad de resolver este entuerto. El presidente ha dicho ayer que es partidario de las ONG, pero que, como ellas están exoneradas del pago de impuestos, deben explicar si los fondos que reciben van a los pobres o sirven para pagar altos sueltos. Sin embargo, hay principios y derechos fundamentales que han sido vulnerados y que el Estado debe honrar (respeto a la libertad de asociación, de contratación, a la propiedad privada, etc.). Alan García debería observar la ley y así terminar con una innecesaria confrontación, propiciando un marco normativo y consensuado que garantice la transparencia y la fiscalización.

Nadie puede ni debe oponerse a la rendición de cuentas, en eso estamos todos de acuerdo. Es más, como ha señalado el Consejo de la Prensa Peruana, la fiscalización establecida por ley ya existe y es práctica corriente entre las ONG, las fuentes donantes y el Estado ( Sunat, APCI, Ministerio de Trabajo, AFP, municipalidades, Consucode y hasta Defensa Civil).

Si hay muchas ONG que hoy aún no cumplen con algunas de estas exigencias, establezcamos pues mecanismos concretos para regularlas. Que hay otras con agendas particularmente controvertidas, apliquemos entonces las normas que ya existen para sancionar cualquier exceso o transgresión a la ley. Lo que no puede hacer el Gobierno es olvidar que la democracia no es igual a consenso necesariamente. Tampoco puede repetir la nefasta experiencia de países que han encontrado en la rendición de cuentas la oportunidad para imponer mecanismos de supuesto control para las ONG, con el objetivo de neutralizar su labor, autonomía y libertad.

El Gobierno tendría más bien que aliarse a las ONG, en provecho del Perú. Se requiere memoria. Desde 1970 y sobre todo en los años 90, ellas abrieron un importante espacio para amplios sectores del país, trabajaron en defensa de los derechos humanos y en contra de la dictadura cuando nadie quería hacerlo, crearon mecanismos de inclusión y desarrollaron el capital social de muchos peruanos. Llenaron el espacio político que los partidos descuidaron, sobre todo durante el fujimorato, para articular o generar mecanismos de integración social.

Que no se busque, pues, en el sometimiento o asfixia de las ONG un ajuste de cuentas del poder político en sus propias debilidades. Los riesgos son múltiples. En principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lanzó una alerta y ha pedido al Perú que proteja a quienes, precisamente, velan por el respeto de la libertad.