Miércoles, 7 de febrero de 2007
Las lecciones de Ayacucho




Por Eduardo Vega Luna (*)
Defensoría del Pueblo

Han transcurrido varios días desde que se dispuso la liberación de los ocho comuneros de Chaca injustificadamente sindicados de participantes en una emboscada terrorista, en la localidad de Machente, que acabó con la vida de cinco efectivos policiales, dos trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca y un menor de edad que viajaba con ellos.

La liberación de dichos comuneros se produjo debido a que el juez constitucional de Ayacucho, Godofredo Medina, declaró fundado el hábeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo, y señaló que se vulneró el derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales (Constitución, artículo 139, inciso 5), declaró nulo el auto apertorio y ordenó la libertad de los comuneros el 12 de enero del 2007, tras 26 días de detención.

El caso permite atesorar importantes lecciones para el país, referidas especialmente a la actuación de las instituciones del Estado, al papel de la sociedad civil y al funcionamiento de los mecanismos jurídicos para remediar situaciones que afectan derechos fundamentales de los ciudadanos más excluidos y pobres del país.

Primera lección: el Estado no puede descuidarse del terrorismo. Sus esfuerzos deben encaminarse a que la muerte de los efectivos policiales no quede impune y se desarticule al terrorismo senderista. Pero, a la vez, el Estado debe actuar con cautela cuando detiene a personas y las sindica como responsables de hechos tan graves. Mostrar eficacia en la actuación contra el terrorismo no debe estar reñido con el respeto a los derechos de las personas. Por el contrario, debe exigir una labor más prolija y eficaz en la lucha contra la subversión, corrigiendo errores del pasado y reforzando la presencia del Estado en aquellas zonas donde el accionar subversivo se manifiesta simultáneamente con el narcotráfico.

Segunda lección: el Estado debe tener la capacidad de actuar de manera efectiva para restablecer el Estado de derecho y remediar situaciones que afectan a los derechos fundamentales. En este caso, la actuación de la Defensoría del Pueblo y del juez constitucional condujo a la inmediata libertad de los campesinos y corrigió una situación arbitraria.

Al evaluar las graves deficiencias legales en este caso y la vulneración de derechos fundamentales, la Defensoría del Pueblo adoptó inmediatamente --por primera vez, en su breve ejecutoria histórica-- una decisión que resultó esencial para hallar una solución inmediata al caso y restablecer la libertad de los comuneros, mediante la figura del hábeas corpus.

Tercera lección: la dignidad y solidaridad de Ayacucho frente a la magnitud del horror vivido en décadas pasadas. El categórico apoyo de sus autoridades, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y los pobladores en general resultó fundamental para contrarrestar los efectos de una acusación injustificada.

Si bien la Defensoría del Pueblo no estuvo presente en la década del ochenta, ha conocido de cerca el drama de muchos peruanos que sufrieron directamente las secuelas de la violencia. Por ello, sus integrantes están dispuestos a contribuir para evitar que se repitan las historias de injusticia y vulneración de derechos humanos, vigilando atentamente la actuación de las instituciones del Estado y levantando su voz en defensa de los derechos fundamentales de los sectores más pobres y excluidos.

* DEFENSOR ADJUNTO PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.





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