Análisis económico: El silencio de los inocentes

Luego de una Semana Santa de descanso y reflexión, vino el crudo despertar de la regularización. Cada año el pago del Impuesto a la Renta nos recuerda la pesada carga que nos impone el Estado. Más aun con el aumento de tasas de los últimos años, hoy en día un profesional tiene que trabajar entre dos y tres meses al año solo para pagar ese impuesto. Si a eso le sumamos lo que pagamos en IGV y otros tributos al consumo, habría que agregarle unos 45 días más trabajando para el erario. Al final de cuentas entre 30% y 40 % del año se va en mantener al Estado.

Por otro lado esa carga no es exclusividad de la clase media sino que se aplica en mayor o menor medida a toda la sociedad. Incluso, cuando menores son los ingresos mayor es la carga ya que es ahí donde más pesa el abandono del Estado.

En lo que sí no hay duda alguna es en que todos tienen la misma aguda sensación de inseguridad. Desde los barrios marginales donde el miedo hace que la población quiera linchar al primer sospechoso que encuentra, hasta distritos enteros donde la gente vive detrás de sus rejas y temores. Tenemos asaltos frecuentes a ómnibus en carreteras y secuestros diarios al paso (muchos de ellos planificados y sanguinarios).

Estamos retornando al punto en que la preocupación con la seguridad vuelve a ser la prioridad en el gasto de las empresas y del hogar. No debemos olvidar el enorme costo en ineficiencias y la falta de inversión que nos dejó la inseguridad durante las décadas de la subversión.

En esas circunstancias sería lógico suponer que para el Gobierno el tema debería ser uno de los principales en su agenda, sin embargo, hasta la fecha, la cartera del Interior ha sido utilizada solo para promediar representatividad ministerial, primero de género y luego de facciones partidarias, sin que se haya hecho nada por mejorar la seguridad ciudadana.

Lo más preocupante son los incidentes en varias partes del país, desde disturbios y bloqueos fomentados absurdamente por el propio presidente regional de Áncash (la región que recibe los mayores recursos de la minería), hasta asesinatos tanto en penales como en los cocales.

Los últimos días también parecen marcar el retorno de quienes buscan el estatismo a través del ambientalismo, con una ofensiva antiminera con marchas desde la catedral de Saint Paul's en Londres --para desprestigiar un proyecto-- hasta las pampas de Marcona, causando destrozos para exigir dividendos. Nuevamente, como en los primeros años de Toledo, da la impresión de incidentes simultáneos fabricados para coincidir casualmente con el momento en el que el Gobierno se distrae y le falta atención.

Si bien el contribuyente peruano esta silenciosamente resignado hace años a pagar tasas de impuestos con niveles europeos para no recibir nada a cambio, o en el mejor de los casos tener servicios públicos con calidad de africanos, el punto de saturación se podría estar aproximando. Si uno tiene que pagar íntegramente, en adición a sus impuestos, por todo lo que en otras partes del mundo puede proveer un Estado --educación, salud, seguridad, infraestructura, etc.-- el argumento crecerá para exigir que lo gastado en esos rubros pueda ser descargado del pago de tributos.

Incluso hasta la satisfacción de hacerlo por solidaridad desaparece cuando uno ve las ineficiencias en los programas sociales o las vedettes en el Pronaa. Por ello, es fundamental que en los próximos meses se mejore la calidad del gasto especialmente buscando dar algo de seguridad y tranquilidad al ciudadano. La sensación de exclusión generada por el Estado la sentimos todos.