En los últimos días se ha evidenciado cómo, pese a la supuesta transparencia y modernidad de nuestra sociedad, todavía los intereses particulares de individuos o grupos son el principal motivador para la toma de posiciones de política o de acciones violentistas.
Esta semana el ministro de la Producción circuló una propuesta para efectuar la primera reforma arancelaria integral en más de una década. Desde esa época los cambios arancelarios han sido siempre parciales, daban la impresión de ser en beneficio de alguien, y si bien el arancel promedio disminuía, la distorsión aumentaba mucho más. En esta ocasión se ha planteado solo tres niveles y lo más importante es la ubicación, la cual sería en grupo por la naturaleza del producto --insumo, consumo o sensible-- en lugar de ser negociado por partida individual, como ha sido la práctica tradicional.
Nuestro país esta muy rezagado en materia comercial y tiene una de las barreras a la importación más altas de la región, ya que el arancel efectivo es 8,5% comparado con menos de 2% en Chile. La propuesta es llevarlo a 5%, lo cual ,si bien es aún alto, reduce de cualquier manera a casi la mitad un innecesario sobrecosto que limita tanto la competitividad de miles de productores como la capacidad adquisitiva de 27 millones de consumidores.
Sin embargo, los opositores ya salieron al frente con el viejo cuento de que no se debe bajar aranceles hasta negociarlos con otros países. A los que genuinamente creen en esa absurda posición habría que decirles que eso es como plantear que uno nunca se debe curar y quedarse siempre enfermo para justificar el seguro médico. Por otro lado, la mayoría de los que esgrimen ese argumento no creen en él, siendo solo una excusa para tratar de mantener un nivel de protección excesiva que golpea al más pobre, pero que otorga a unos contados privilegiados jugosas utilidades. Si la liberación del comercio exterior hubiera tenido que esperar a esos sofisticados estrategas de la negociación, todavía tendríamos aranceles de 70% y largas colas en las tiendas, aunque, eso sí, amplias sonrisas en Santa María.
La misma egoísta actitud la tienen bolsones de mineros en huelga tratando de forzar algún privilegio adicional. Esta semana la compra de Michiquillay la efectuó la misma empresa --Anglo American-- que desde hace años tiene el yacimiento de Quellaveco, el cual cada vez que han decidido desarrollarlo le han pateado el tablero ya sea en tributación o en agitación y han postergado la inversión. Diez años perdidos sin producción de una mina con potencial de mil millones de dólares de exportación anual son irrecuperables. Ojalá en esta ocasión, los radicales que se oponen a la minería --seudoambientalistas o sandías-- no continúen destruyendo el país y ambos proyectos puedan concretarse.
En Sullana, algodoneros ineficientes exigen subsidio del contribuyente, en Iquitos profesores toman el aeropuerto y destruyen empleos en turismo para exigir ser contratados. En el Congreso el señor Estrada fuerza la estabilidad laboral buscando congraciarse con la cúpula sindical, pese a que de diez peruanos en edad de trabajo ocho están subempleados y solo el pie izquierdo de uno de los dos empleados (0,6%) estaría sindicalizado.
Mercantilistas, seudoambientalistas, sindicalistas, congresistas - todos quieren imponer su voluntad o ganancia individual sobre el interés general. Veremos qué hace en el tema arancelario un gobierno que ya está dando muestras de debilidad. ¿Sucumbirá como ha sido tradicional a la presión de grupos de interés o priorizará el bienestar de 27 millones de calatos, perdón, quise decir ciudadanos?