Para una ciudad como Lima, que debe su desmesurado crecimiento a las invasiones, un desalojo constituye una acción poco común. Por eso no deja de resultar extraño --aunque gratificante-- que entre las principales autoridades exista unanimidad de opiniones en favor de la recuperación del mercado de Santa Anita.
Basta con recordar el mutismo presidencial durante el período toledista y la manera como diversos congresistas de varias bancadas no dudaron en mostrar su apoyo a los invasores, incluyendo a un recordado ex ministro de Trabajo, involucrado en el caso de las firmas falsas, que buscó votantes entre ellos para conseguir su ansiada reelección congresal.
Hoy la situación es distinta, sabe Dios si por el abrumador peso de la opinión pública o porque, sencillamente, no estamos en época de elecciones. Sea lo que fuere, nunca ha habido tanto consenso para conseguir que el terreno donde debe edificarse el mercado que la ciudad ha esperado por décadas deje de estar en manos de un grupúsculo de traficantes, aprovechador de la candidez de decenas de comerciantes.
Junto con los semáforos, los tachos de basura y los árbitros de fútbol, el principio de autoridad encabeza el ránking de lo menos respetado en Lima. En nuestra tres veces coronada villa cada quien hace lo que quiere y las reglas mínimas de convivencia parecen haber sido creadas solo para quebrarlas sin que ello genere alguna microscópica turbación. El orden es una palabra que suena ajena o que solo utilizamos mientras no afecte nuestros intereses.
Por eso es tan importante el desalojo del mercado de Santa Anita. Es una demostración de que un terreno que pertenece a todos no puede convertirse en feudo de unos pocos y que la autoridad posee las armas suficientes para ejercer su poder y defenderse de aquellos que intentan usurpar lo que no es suyo.
Y ante la amenaza cobarde de usar a niños como escudos --actitud lamentablemente usual en este tipo de situaciones--, la respuesta debe ser inteligente, sin que ello implique disminuir la firmeza. Los principales responsables de lo que pueda ocurrir son aquellos que quieren disfrazar su cobardía a costa de sus hijos.
El Estado debe demostrar que, cuando se lo propone, puede funcionar. Y bien.