Rejas de seguridad dividen a vecinos de zonas residenciales

Por Andrea Castillo Calderón

Tres años después de que la Municipalidad de Lima regulara por primera vez la instalación de sistemas de seguridad, como enrejados, tranqueras y casetas en las calles de la ciudad, las autoridades edilicias no han podido evitar que estos mecanismos de seguridad ciudadana proliferen en las diferentes calles de la capital. Las ordenanzas municipales 690-2004-MML y 744-2005-MML, ahora vigente, establecieron los requisitos y condiciones técnicas necesarios para la autorización de instalación de nuevos elementos de seguridad y para regular los ya existentes. Empero, estas normas solo se cumplen en el papel.

En La Molina, quizá el distrito más enrejado de la metrópoli capital, hay 550 rejas, pero solo el 30% tiene autorización municipal y su respectiva resolución de instalación. El resto está en proceso de evaluación, asegura el director de Tránsito de la Municipalidad de La Molina, Diómedes Díaz Pasapera. Pero las juntas de vecinos que cuentan con rejas autorizadas por la municipalidad también incumplen las normas, pues las mantienen cerradas todo el día.

Esto ocurre, por citar solo un caso, en la urbanización El Remanso, donde los accesos hacia la avenida Los Fresnos, a través de las calles Los Saucos, Los Cipreses y Los Tulipanes, están enrejados y el paso solo se permite a los residentes.

En otro sector, en Camacho, se restringe el tránsito de vehículos particulares por la calle Jacarandá, en la intersección con la calle Bucaré. Por esta intersección, distante unas seis cuadras de la avenida Javier Prado y un importante desfogue hacia la avenida Los Frutales, solo se puede circular en hora punta.

VECINOS  VERSUS ALCALDE
Pero el malestar que causan las calles de acceso restringido no solo es para los conductores. El vecino Carlos Condori Gamarra denuncia que el alcalde de La Molina, Luis Dibós, permite la instalación de las rejas de seguridad que fueron retiradas en el 2001 por disposición judicial. Estas se encuentran en la urbanización La Ensenada (antes Las Viñas) y corresponden a las esquinas formadas por la avenida Los Cóndores (antes avenida Las Viñas) y las calles El Prado, El Tambo, El Bosque. La autorización más reciente es para los vecinos de la calle Los Molinos.

La doctora Carla Herrera, asesora legal de la Municipalidad de La Molina, explicó que dichos enrejados fueron autorizados porque cumplen los requisitos exigidos por la ordenanza municipal 097-2005-MLM, norma que regula la instalación de ese tipo de elementos en el distrito. "La resolución judicial se ejecutó en el 2001 y las rejas fueron retiradas porque carecían de autorización. Ahora cuentan con el aval técnico respectivo y cumplen todos los requisitos", comentó.

Al vecino Condori Gamarra este argumento no lo convence porque, según sostiene, hay una resolución judicial que ha sentado precedente. El Juzgado Civil 42 de Lima, que vio el caso y tiene pendiente la solución de un recurso de oposición presentado por la comuna distrital de La Molinera, optó por no pronunciarse al respecto.

VECINOS CONTRA VECINOS
Pero este no es el único problema de enrejados que divide a los vecinos de las zonas residenciales. En el otro extremo de la ciudad, en Chorrillos, sucede una situación extrema: los vecinos de la cuadra 2 de la calle Islas Canarias, en la urbanización Los Cedros Villa, viven enfrentados desde hace tres años por la reja que un grupo de ellos colocó en la mitad de la pista, a solo un metro del pasaje que atraviesa la calle (por cierto, también enrejado).

"Les pedimos llegar a un acuerdo para trasladar la reja a la entrada de la cuadra, en la esquina de Islas Canarias con la Alameda Los Cedros, pero no aceptaron. Ahora nosotros hemos colocado nuestra propia reja", dice Héctor Merino, representante del otro grupo. Lo cierto es que ninguna de las dos rejas de seguridad tiene autorización. Incluso, la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso en el 2003 que este enrejado fuera retirado. Pero no pasa nada.

Ni qué decir de Surco, donde ninguno de los elementos de seguridad instalados por los vecinos tiene autorización municipal, reconoció el gerente municipal de Desarrollo Urbano de Surco, Daniel Núñez. Un ejemplo de ello es el cierre al paso de conductores por la vía auxiliar de la avenida Javier Prado Oeste, a la altura de la cuadra 58 de esta vía y la calle República de Líbano, frente al Jockey Plaza. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Tarea difícil, pues, reconoce Daniel Núñez, el tema de las rejas ya pasó a otra dimensión: la decisión política.

EN PUNTOS
4 La Ordenanza Municipal 690-2004-MML establece, por ejemplo, que no se permitirá la instalación de un elemento de seguridad dentro de un perímetro que ya cuenta con otro.

4Las rejas de seguridad deberán permanecer cerradas solo si está presente un vigilante, quien permitirá el paso de vehículos. Sin él, el elemento de seguridad debe permanecer permanecer abierto.

4El vigilante no podrá pedir ni retener ningún documento o establecer condiciones que restrinjan el libre tránsito, salvo flagrante delito, para lo cual aquel deberá comunicarse de inmediato con la policía.

4Los ingresos peatonales permanecen abiertos y sin obstáculos. Las juntas de vecinos deberán exhibir la respectiva autorización municipal para el elemento de seguridad.