¿Quién manda en las cárceles?

Alguien en particular tiene que enfrentar el desgobierno que existe en las cárceles del país. Los reos pretenden no solo imponer la ley del más fuerte, aumentando el caos y la violencia, sino ejercer presiones destinadas a romper todo principio de autoridad.

Así sucedió hace una semana en Lurigancho, cuando 400 presos se enfrentaron al personal del INPE a causa del traslado de un peligroso delincuente. Y acaba de ocurrir el jueves en el penal de Socabaya (Arequipa), donde los reclusos frustraron violentamente la disposición penitenciaria de separar a los reos primarios de los reincidentes.

Tales actitudes son inconcebibles y exigen que la nueva autoridad del INPE asuma ya el reto impostergable de poner orden a como dé lugar, con el auxilio de la fuerza pública, o purgando al personal incompetente de las administraciones penitenciarias involucradas.

Asumir ese liderazgo no requiere necesariamente de mayores recursos ni partidas especiales, sino de políticas administrativas y organizativas que no soportan más dilaciones ni complacencias. Es el caso de la reclasificación de los internos según los delitos cometidos para, por lo menos, impedir que las cárceles sigan siendo escuelas del delito y centros reproductores de violencia.

Corresponde al INPE convencer al Ministerio de Justicia y al propio Gobierno Central para resolver la tugurización de los penales, su sobrepoblación y su deficiente infraestructura. Asimismo, es urgente abordar la dramática situación de los inculpados, es decir de ese aproximadamente 70% de la población penal que purga cárcel a pesar de no haber recibido sentencia y en lo que el Poder Judicial no puede mirar al otro lado.