Por un TC autónomo

Por Raúl Ferrero C.
Jurista

A los miembros del Tribunal Constitucional los elige el Congreso (por un período de cinco años), y para ello se requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de sus miembros. Así, que la elección de sus integrantes depende de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Por lo que estamos viendo en estos días en que tienen que renovarse cuatro de sus siete miembros, uno se pregunta si no hubiera sido mejor que la elección de los mismos estuviera a cargo de un órgano de las características del Consejo Nacional de la Magistratura para evitar la sospecha de politización al momento de escoger a quienes integren el Tribunal Constitucional.

Con la vigencia de la nueva Constitución se hizo el esfuerzo de nombrar una mayoría de miembros con suficiente solvencia académica y jurídica (1996), para que por su propio peso específico, ejercieran el cargo con total independencia lo cual resulta en un requisito indispensable.

Hasta la defenestración (1997) de los doctores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, el Tribunal Constitucional funcionó bien sin ofrecer problemas.

Sin embargo, cuando quedó con solo cuatro miembros, no podía cumplir con sus funciones, dejando de ver las acciones de inconstitucionalidad, las que para ser declaradas fundadas requieren de cinco votos a favor. Una vez recuperado y asentado el sistema democrático, regresaron, en acto de justo desagravio, los tres miembros que habían sido caprichosamente separados por pronunciarse contra la re-reelección del ingeniero Fujimori. En el año 2002 se nombró a los cuatro restantes para completar su número de siete, tal como lo establece la Constitución.

A fines del 2004 se eligió a los reemplazantes de dos de los magistrados reincorporados, que lamentablemente fallecieron, luego se eligió al tercero tal como correspondía, y ahora toca elegir a los cuatro que deberán completar la composición del Tribunal Constitucional a partir del próximo mes, en reemplazo de quienes fueran nombrados el 2002.

Siempre se ha insistido en la independencia que deben demostrar los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que no impide que puedan haber tenido participación política partidaria, en tanto se sepa garantizar un comportamiento idóneo que evite teñir el cargo de influencia política.

No obstante, en los últimos días estamos viendo cómo las bancadas en el Congreso comienzan a tratar de distribuirse los cupos por ser cubiertos, no necesariamente con el criterio de escoger a los mejores y más capacitados, sino a aquellos con los que puedan tener mayor cercanía política, o peor aún, que provengan de sus filas partidarias, con lo cual le están haciendo un menudo favor al Tribunal Constitucional y peor aún al sistema democrático.

No se puede dejar de tener presente que el Tribunal Constitucional es el órgano a cargo del control concentrado de la Constitución y, por lo tanto, al que le corresponde decirle al Congreso cuando una ley aprobada por él es inconstitucional (y por ello deja de tener vigencia). A su vez, es la última y definitiva instancia para decidir sobre las resoluciones denegatorias de aquellas acciones de garantía que protegen los derechos fundamentales de toda persona como lo son las de hábeas corpus y amparo, por lo que también le compete revisar, en estos temas centrales, las resoluciones del Poder Judicial.

Su importancia es inmensa y si no queda bien compuesto le hará daño al sistema democrático, al deslegitimar una institución que si no es autónoma e independiente no tiene razón de ser, ya que desvirtuaría, en uno de sus puntos claves, el equilibrio jurídico que es preciso asegurar.