Por Juan Paredes Castro
20/05/07
Hay dominios extraterritoriales y extralegales en el país que están empujando al Principio de Autoridad (lo ponemos en mayúsculas) y al propio Estado a un peligroso grado de inacción e impotencia.
Ya no se trata solamente de las "zonas liberadas" por el terrorismo y el narcotráfico, y de la informalidad y el contrabando como problemas tan sobreestudiados como nunca resueltos. Casi con la misma capacidad de estos para debilitar la seguridad interna, la estabilidad económica y la institucionalidad política y jurídica, aparecen ahora, multiplicados cada día por diez, los nuevos "parceleros" del poder, que se colocan por encima del orden y de la ley y usan al Estado, en el colmo de los colmos, como sobreprotección.
Desde que algunos congresistas descubren que pueden contratar servicios domésticos y de damas de compañía a cuenta del presupuesto nacional, y desde que otros pueden irrumpir en el recinto del Congreso a patadas y trompadas y luego ver con satisfacción cómo se devuelve al Poder Judicial sus citaciones por ese delito, estamos frente a "cotos de caza" en los que no puede penetrar la autoridad parlamentaria más que con sus relajados reglamentos.
Con el pequeño "reino" del tráfico de medidas cautelares pasa casi lo mismo. Poco se sanciona y mucho se libera. Y qué decir de los asesinatos de periodistas bajo el manto de impunidad de los poderes locales ocultos, constituidos en feudos mafiosos. La parcelación corrupta de la justicia en su punto más oscuro.
¿La invasión del mercado de Santa Anita acaso no es otra demostración de poder extraterritorial y extralegal llevado a la criminalidad? ¿Y qué eran los parceleros fuera de control de los servicios de inteligencia sino operadores consentidos por la debilidad de nuestros sistemas de defensa?
Caciques, matronas, pillos y matones son pues los nuevos parceleros del antiestado.