Las dos caras cruciales del futuro agrario

Tras la accidentada salida de Juan José Salazar, es mucho lo que se espera del Ismael Benavides al frente del Ministerio de Agricultura, un sector de enorme potencial tanto para el crecimiento económico del país cuanto para reducir los índices de pobreza, desempleo y exclusión.

Se trata, efectivamente, de un rubro fundamental para aprovechar mejor el inminente tratado de libre comercio con Estados Unidos, así como también para dinamizar el llamado TLC interno, que alude a redistribuir gradualmente el desarrollo macroeconómico, más allá de las cúpulas empresariales, en todos los sectores de la sociedad.

Sobre el ministro renunciante son varias las voces que han reconocido su honestidad y voluntad para hacer cambios en un sector, como el agrario, que evidentemente conoce bien. Lamentablemente, como él mismo ha reconocido, su participación inconsulta en los paros cocaleros y la suscripción de las actas primero de Tocache y luego de La Convención constituyen errores flagrantes con cuyo peso aún debemos cargar.

Y es que fueron detonantes de una situación calamitosa, confusa y reiterada, que puso en entredicho las políticas nacionales de lucha contra el narcotráfico. Por ello, desde esta columna, señalamos la necesidad de que el ministro Salazar debía renunciar.

Ahora, volteada la página, destacamos la trayectoria empresarial y política de Benavides, que ya ha sido ministro y conoce las urgencias del sector. Reconocemos, asimismo, la coherencia del presidente García y su jefe de Gabinete para resistir las presiones del partido y decidirse por un profesional independiente.

En esta nueva etapa del agro saludamos el deslinde inicial del nuevo ministro respecto del problema cocalero --que desbordó a su antecesor-- al afirmar correctamente que está fuera de su sector y debe ser abordado por Devida, entidad a la que funcionalmente le corresponde el tema.

Las urgencias del sector se orientan ahora a apuntalar la ley de aguas para darle valor y proteger este recurso, recuperar el programa de titulación rural hoy en manos del Ministerio de Vivienda, reorganizar el Inrena para evitar concesiones amañadas y suspender ciertas políticas forestales que están acabando con nuestros recursos.

Mención aparte merece el TLC, que exige coordinar debidamente para incrementar la producción y competitividad en productos de agroexportación, nuevos y ya consolidados, que generen valor agregado. Ello demanda establecer y continuar políticas de mediano y largo plazos para promover, descentralizar y modernizar el agro, así como para elevar la calidad de vida de sus trabajadores en todas las regiones, incluidas las rurales.

Como señalamos en nuestra Agenda de Gobierno, la hora es de los técnicos capaces de definir qué tipo de agricultura necesita el Perú, para qué mercados y con qué potencialidades.