La mayor parte de la policía no usará armas durante el desalojo

Por Iván Herrera Orsi

Con banderas y carteles, y encabezados por sus dirigentes, miles de los invasores del mercado mayorista de Santa Anita marcharon la tarde de ayer alrededor de ese centro de abastos en contra de la orden de desalojo que los mantiene en vilo.

"El miedo se acabó", gritaban una y otra vez, al tiempo que levantaban letreros con estrellas apristas y saludos de cumpleaños para el presidente Alan García, de quien esperan ilusamente la titulación de sus puestos.

Al ver la multitud, entre la cual había niños y ancianos, era evidente que la marcha pretendía ser una demostración de fuerza o, más bien, de número. Era evidente también que querían expresar que no tenían miedo al desalojo.

El desplazamiento de numerosos carros portatropas de la policía hasta un punto cercano al mercado, la noche anterior, había resultado una falsa alarma más, pero aparentemente confirmó la impresión de que la intervención de la autoridad se produciría de un momento a otro.

Ello explicaría que las puertas del local se mantuvieran cerradas la mayor parte del día, que desde adentro se escucharan en varios momentos discursos y consignas y que en la entrada principal se instalara dos banderas blancas de dudosa expresión de paz.

Para entibiar los ánimos, el viceministro del Interior, Danilo Guevara, informó --a través de CPN Radio-- que la mayor parte del contingente policial que participará en la operación de desalojo ingresará desarmada al terreno. Sin embargo, aclaró que necesariamente se distribuirá pequeños equipos con armas, sobre todo porque se tiene conocimiento de que los invasores cuentan con armamento y material inflamable.

El viceministro advirtió que, de comprobarse que los invasores tuvieran armas de fuego para rechazar el desalojo, la policía se vería forzada a recurrir a su armamento oficial.

Guevara dijo confiar en que muchos de los invasores --que él calculaba entre 800 y 1.500-- depusieran su actitud beligerante y aceptaran retirarse acatando la resolución judicial.

DENUNCIADOS PENALMENTE
La procuraduría del Ministerio del Interior confirmó que formalizó denuncia penal contra los dirigentes de la Asociación de Productores y Comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita, ante la Tercera Fiscalía Penal de Santa Anita.

Los denunciados son Herminio Porras Oroya (considerado presidente vitalicio de la asociación), Fernandino Nieto Castañeda (presidente en ejercicio), Aymela Castro Caro (vicepresidenta), Juan Gálvez Chocano (secretario), Mario Méndez Cáceres (secretario de actas), Calixto Ticona Mamani (secretario de economía), Milagros Abregú Vílchez (asistenta social) y María Quispe Peralta (relaciones públicas).

Los cargos en su contra son asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego, apología del delito, exposición a menores a peligro y trata de personas. Esta última acusación se sustenta en el presunto uso de niños como escudos humanos.

Según el procurador del Ministerio del Interior, Jacobo Romero, esos menores habrían sido trasladados de su lugar de origen y privados de su libertad. La trata de personas se castiga con hasta 20 años de cárcel.

En una entrevista difundida por Panamericana Televisión, el principal cabecilla y promotor de la invasión del mercado de Santa Anita, Herminio Porras, negó estar relacionado con la situación que se vive actualmente en el mercado, a pesar de que este Diario ha demostrado, por medio de un documento y de fotografías, que él ha seguido vinculado a la asociación que agrupa a los invasores.

Una vez más Porras defendió la ilegal ocupación del mercado y aseguró que quienes se encontraban allí son legítimos posesionarios de un terreno del Estado, dando a entender que el predio no pertenece al Concejo de Lima.

Porras estaría oculto en una chacra de su propiedad, ubicada en una zona de Huachipa.

El asunto del inminente desalojo del mercado de Santa Anita no es poca cosa. No solo por la declaración de desacato ante el mandato judicial hecha por los comerciantes, sino porque en el fondo estamos ante un hecho que nos debe demostrar si el Poder Judicial, y por lo tanto el régimen democrático, está en condiciones de hacer cumplir sus mandatos. Si todos reconocemos la legalidad y legitimidad del fallo judicial, ese mandato debe ser cumplido. El tema ahora es cómo deber ser cumplido.

En primer lugar, la democracia no puede terminar siendo el símbolo de la abdicación de la autoridad. Pero, en segundo lugar, tampoco puede permitir el uso indiscriminado y abusivo de la fuerza. Por ello, es correcto que el Ministerio del Interior deje muy en claro las condiciones en las que hará uso de la fuerza, ya que es evidente que ese mandato judicial debe ejecutarlo la Policía Nacional.

¿Cuáles deberían ser las reglas elementales? La primera, es reconocer los riesgos y peligros del desalojo. La segunda, definir un plan de contingencia frente a la población especialmente vulnerable (niños). La tercera, no caer en la provocación. Y habrá mucha. La cuarta, que se utilice el armamento solo ante situaciones extremas y necesarias y con finalidades de disuasión. La quinta, que la operación debe durar el menor tiempo posible.

El uso de la fuerza le está también permitido a la democracia y debemos comenzar a entenderla como parte del ejercicio legítimo de la autoridad democrática y como un instrumento para vencer la impunidad.

PARA TENER EN CUENTA
4  ¿Por qué la policía no ha cerrado el acceso al mercado de Santa Anita para impedir el ingreso de armas o refuerzos y obligar a sus ocupantes a salir del terreno?

4¿Por qué no se detiene a los dirigentes de los invasores que estarían cometiendo delitos flagrantes?

4¿Por qué Luz del Sur ha dotado de conexiones de electricidad a los invasores, siendo que estos no pueden acreditar legítima posesión del local?