Se debe respetar la autoridad municipal

Por Alberto Andrade Carmona
Congresista Alianza Parlamentaria

Casi 5 años, desde el 14 de noviembre de 2002, demoró el Poder Judicial en reconocer el derecho de propiedad de la Municipalidad de Lima Metropolitana sobre los terrenos del Mercado Mayorista de Santa Anita usurpados por un grupo de comerciantes mediante la violencia y mantenidos allí a costa de mil argucias judiciales, seguramente costeadas con los cupos pagados por los invasores a los instigadores de la usurpación.

Incluso hoy, ante la inminente intervención policial no han tenido reparos morales al introducir decenas de niños en el local donde se encuentran atrincherados, para que les sirvan de escudos humanos, y torcer con ello la voluntad de las autoridades para cumplir la resolución judicial.

Si bien es cierto que es importante que el Poder Judicial se haya pronunciado finalmente por el desalojo de los usurpadores de la propiedad municipal, lo es más que de acuerdo con el mandato del numeral 9 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú las autoridades del Poder Ejecutivo den cumplimiento a la resolución judicial y procedan al desalojo de los usurpadores buscando en lo posible el menor costo social y humano.

Postergar indefinidamente el desalojo de los invasores del mercado de Santa Anita sería una muy mala señal para nuevas inversiones, precisamente cuando la economía peruana está creciendo sostenidamente y esta bonanza empieza a llegar a la población de ingresos más bajos. Seguramente ninguna propiedad privada ni pública estaría a salvo en el futuro de cualquier invasión, pues simplemente pasarían años antes de que el propietario obtenga judicialmente la recuperación de su propiedad.

En este escenario es indudable que terminaría sumamente afectada la percepción que actualmente tienen los inversores peruanos y extranjeros sobre nuestra estabilidad política y seguridad jurídica, ya que de seguro no invertirían en un país donde las sentencias no se cumplen nunca y los derechos se diluyen en los vericuetos judiciales.

Lima es una ciudad de casi 8 millones de habitantes que se encuentra deficientemente abastecida por 80 mil bodegas, 900 mercados cooperativos, paraditas y asociaciones de comerciantes, donde muchas veces los productos que allí se expenden no tienen la calidad ni las condiciones sanitarias y de higiene mínimas, aunque también hay 69 supermercados de diversos formatos, existe un déficit en estos servicios que es necesario satisfacer, para lo cual se van a requerir mayores inversiones.

En este orden de ideas, la recuperación de Santa Anita sería un primer paso para promover la inversión privada en un rubro dinámico y en expansión como son los mercados, que permitirían garantizar a los consumidores limeños, que son los que de verdad deben ser objeto de la preocupación de las autoridades, productos de consumo de primera necesidad a precios justos, en óptimas condiciones y en las cantidades necesarias que abastezcan oportunamente una demanda siempre creciente.

Finalmente, creo que es oportuno como ex alcalde de Lima expresar mi respaldo a la Municipalidad Metropolitana para la pronta recuperación de un bien que está destinado a satisfacer las necesidades de casi 8 millones de limeños, interés ante el cual deben subordinarse los de un grupo de comerciantes invasores que pretenden detener el progreso y desarrollo de nuestra ciudad.