Para frenar la paulatina destrucción de los bosques de algarrobos no valen respuestas tibias sino la más rápida y enérgica reacción para sancionar a los responsables. En ese sentido, hay que saludar el anuncio de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes de investigar la amañada venta a particulares de 13,7 hectáreas de algarrobos ubicados en el caserío del Charanal, en el distrito de Casitas.
El sucio negocio consiste en convertir los bosques en carbón vegetal para su posterior venta en Lima. Esta grosera ilegalidad contaba con el visto bueno de las autoridades del Inrena, que supuestamente deben proteger nuestros recursos naturales.
Por eso, el segundo paso es destituir de sus cargos y sancionar con todo el peso de la ley al jefe de Forestales del Inrena en la región, Carlos Manrique Cienfuegos, y al jefe del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), Julio Vizcarra.
Ambos funcionarios permitieron que el terreno fuese adquirido por Santos Infantes Rodríguez, quien mientras ejecuta la bárbara destrucción de algarrobos, exhibe como patente de corso la autorización de Inrena para depredar bárbaramente nuestros bosques.