Acción contra la impunidad

Por Milagros Leiva Gálvez

No parecía el Perú. Lo digo con pena, pero también con la certeza de que no todo lo que pensamos sobre nuestro país es real. Estamos acostumbrados a desalojos violentos, a heridos, a muertos, a sangre, a gritos y cuando eso no sucede, el alivio por el trabajo eficiente viene precedido por una cara de sorpresa. Es como si nos costara creer que en nuestra tierra se pueden hacer las cosas con inteligencia.

El problema son las etiquetas. Las mentales, las obvias, las que hemos pegado a fuerza de costumbre y desilusiones. Se las colocamos a las personas de nuestro entorno y hasta dejamos de conocerlas por culpa de prejuicios. Me ha pasado. Personas que venían precedidas de etiquetas como "conflictiva", "celosa" y "revoltosa" al final no eran ni lo uno ni lo otro. Es más, eran buenas personas que por un rapto de ira o impotencia fueron castigadas con reputaciones que les costó años soltar. Con las instituciones pasa lo mismo: las etiquetas están tan adheridas que a veces somos injustos en nuestras sentencias.

Hay gente que apostó. Que no se daba el desalojo, que el alcalde Castañeda estaba pasando piola y se moría de miedo, que el presidente García retrocedería porque ya habían colgado unos letreros recordándole los muertos de El Frontón. Hay quienes trataron de adivinar cuánto dinero habría recibido el juez Morales que impidió el ingreso de los uniformados el viernes pasado. Y todo porque una de las etiquetas más gruesas que no se despega por la inacción del Estado (nuestro pasado regala ejemplos) tiene nombre de mujer: Impunidad. Así se llama. "En el Perú se puede hacer de todo porque no habrá sanción", esa es la etiqueta mental generalizada que justifica la tierra de nadie. Por eso existe la calle Azángaro que cobija una red de falsificadores denunciada sin cansancio por la prensa; por eso existe El Hueco, donde se venden medicinas adulteradas a vista y paciencia y con rebaja; por eso la gente puede pasarse la luz roja sin temor a las multas o manejar, incluso, con una docena de multas sin temor a perder el timón; por eso hay quienes tiran basura a la calle porque no les cae reprimenda; por eso siguen corriendo las apuestas de que Fujimori no pagará por sus delitos; por eso hay congresistas con asesores fantasmas; por eso hay más 'vladivideos' que no conocemos sobre gente que vendió el país y su conciencia por unos tarros de dólares; y por eso existía hasta hace dos días un mercado invadido por personas que "reclamaban" legalidad por todos los años que llevaban en un terreno que no les pertenecía. La idea más perversa que tuvieron los dirigentes para defender su "derecho a la invasión" fue poner a los niños de escudo. "Por si acaso hay niños", advertían. Fue un mensaje lanzado al presidente y a la policía antes de colocarle la etiqueta de "asesinos".

La prensa ha sido justa. Ha celebrado a los policías que entraron protegidos como si fueran robots (nadie sabía qué enfrentarían) y que con rostros de preocupación cargaron a los niños para ponerlos a salvo de la violencia. Que hay policías coimeros y abusivos, nadie lo niega. En realidad hay gente corrupta en cualquier profesión, pero lo que hicieron los uniformados en el mercado de Santa Anita fue impecable y hay que agradecerlo. Una pequeña se ha quedado grabada en mi memoria. La vi llorar en el noticiero de América Televisión. Su madre discutía impotente porque ya sabía todo lo que perdía y reclamaba sus pertenencias. Un uniformado y la propia reportera le aclaraban que podía ir a buscar lo que tenía; pero su hija, una niña de 8 años, calculo, solo tuvo que decir: "vamos ya, mamá" para que la mujer despertara de su pesadilla y comenzara a caminar impulsada por el cansancio y la angustia de su niña. Con esa frase lo único que le estaba diciendo era "¡basta ya!".

Y eso es lo que muchos peruanos venimos diciendo hace tiempo: Basta ya de tanta impunidad. En nuestro país la pobreza duele e incomoda, pero esta no se resuelve invadiendo propiedades ajenas. Ayer el ministro del Interior anunció que está preparado para detener a los dirigentes, sobre todo a Fernandino Nieto, quien escapó sin bigotes. Porque eso de mantener de rehenes a niños y mujeres no es broma, porque eso de tener armas en un mercado tampoco es chiste de esquina y porque eso de invadir con la excusa de que siempre ha sido así es seguir siendo corrupto. "Los dirigentes han cometido delitos y tienen que ser sancionados", dijo Alva Castro. Ojalá y mientras dure en la cartera se empeñe en quitar las etiquetas de la corrupción. Para cerrar el Caso Santa Anita hace falta sancionar a quienes amasan fortunas o buscan votos a costa de los más pobres. Si prevalece la impunidad, nada hemos avanzado.