La pesadilla de la casa propia

Los abusos que perpetran algunas inmobiliarias en Lima no tienen nombre. Y es que junto con el 'boom' que hoy anima la industria de la construcción, también se han multiplicado las denuncias sobre estafas y mala calidad de sus nuevas edificaciones.

Claro que no se puede generalizar y meter a todos en el mismo saco. Pero las fallas denunciadas, según Indecopi, son diversas: las más se refieren a defectos o fallas estructurales, demora en la entrega de las obras y, entre otros aspectos, problemas relacionados con los acabados, que casi siempre impiden que los propietarios ocupen finalmente los inmuebles.

¿Cuál es la salida a esta muestra de informalidad, que podría crecer, en la que incurren, paradójicamente, inmobiliarias y empresas de corretaje legalmente constituidas? ¿Cómo frenar estos abusos y delitos, por ahora contados, que convierten en onerosa la adquisición de una casa y en una pesadilla el sueño de la casa propia?

En principio, las municipalidades deberían cumplir con su tarea supervisora e impedir que ciertas contratistas estafen a más de un incauto. Tienen que contar con equipo de especialistas, en sus direcciones de control urbano, que oportunamente sometan las obras a una exhaustiva evaluación antes de entregar las licencias de construcción so pena de sanción ejemplar.

En segundo lugar hay que poner orden en la aplicación de las normas que regulan la supervisión que, de ninguna manera, debe ser facultativa.

No obstante, nada cambiará si las propias empresas del sector no se autorregulan y si los colegios profesionales, de Ingenieros y de Arquitectos, no dictan normas para que sus miembros actúen con responsabilidad. En ese sentido es oportuno el ofrecimiento de Capeco de instaurar una certificación de garantía para las inmobiliarias previa evaluación y de acuerdo con los estándares de calidad mínimos.

El Ministerio de Vivienda y Construcción tampoco debería quedarse de brazos cruzados. Siguiendo el ejemplo de Indecopi, que ya ha sancionado a varias empresas, debería acoger la propuesta de Capeco y exigir la acreditación como requisito para construir y vender viviendas, y proponer sanciones ejemplares para los transgresores.