Después del escándalo, finalmente el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) corrigió la decisión del Consejo Técnico Penitenciario (CTP) del penal Castro Castro que autorizaba la excarcelación de Víctor Joy Way, ex primer ministro del régimen de Fujimori.
Fue dudosa, sorprendente y sospechosa la disposición del CTP al calcular los años de condena de Joy Way. ¿Acaso se trató de una estrategia más de la mafia, justo cuando se pronunciaba la fiscalía chilena en el proceso de extradición de Alberto Fujimori?
Más allá de ello, el caso debe servirnos para reflexionar sobre los logros, velocidad y traspiés de la justicia anticorrupción, llamada no solo a garantizar el debido proceso, sino también a impedir errores garrafales y execrables que fomentan la impunidad
En lo que corresponde a Joy Way ha sido exonerado de los cargos de corrupción, en una muestra más de miopía, por decir lo menos, de ciertos magistrados, a pesar de sus vinculaciones con graves delitos como los de enriquecimiento ilícito.
¿Qué pasa? El Poder Judicial debe aún despercudirse de la percepción de haber sido cooptado por la autocracia fujimontesinista. La corrupción es un gravísimo delito que tiene que ser castigado. Así lo exigen la ley y el saneamiento ético y moral de la sociedad.