Fiscalía chilena dice que Alberto Fujimori sí debe ser extraditado al Perú

Por Moisés Ávila Roldán
Corresponsal

SANTIAGO DE CHILE. Diez de la noche en Santiago. Alberto Fujimori ya conversó con sus abogados. Ya escuchó y leyó los portales web. Él les ha dicho --y estos están de acuerdo con ello-- que seguirá haciendo sus cosas normalmente. Por ello estuvo ayer, por más de una hora, en un evento académico de la Universidad Católica. Algunos alumnos lo reconocen y lo persiguen hasta el auto que lo traslada. Le golpean la lata y le gritan "asesino". Por la mañana, la fiscal suprema Mónica Maldonado encontró indicios suficientes que justifican el que estos estudiantes lo califiquen de esa manera.

En un informe de 55 páginas, la magistrada se mostró a favor del pedido de extradición del ex presidente, planteado a fines de 2005 por el Estado Peruano, por dos casos de crímenes contra los derechos humanos y nueve delitos de corrupción. Maldonado encontró procedentes once casos presentados por la procuraduría peruana. Uno de ellos, el referido a las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos a cargo del grupo Colina, casos en los cuales Fujimori es sindicado como coautor, más un documento ampliatorio, fueron acogidos en su totalidad por la fiscal. Nueve restantes fueron acogidos en parte, pues se desestimó de todos ellos el delito de asociación ilícita para delinquir (en Chile se aplica a bandas que cometen delitos simples). Quedaron fuera los casos del allanamiento a la casa de Montesinos y las torturas en los sótanos del SIE.

Una vez conocido el documento, la magistrada dijo sentirse satisfecha por el resultado. "Estoy tranquila. Fue un tema de mucho estudio y saqué los resultados de acuerdo con las disposiciones legales, no solo a las de Chile sino con todos los convenios internacionales", dijo. "Correspondía, en mi opinión, porque no se olviden que lo mío es una opinión y no es vinculante, concederse la extradición, aunque también hubo casos en que no correspondía o no procedía la extradición", añadió la funcionaria.

POR LESA HUMANIDAD
En otro momento, Maldonado comentó que aplicó el derecho nacional e internacional en todos los casos, pero en lo referente a La Cantuta y Barrios Altos , a su juicio, ambos casos debieron ser considerados crímenes de lesa humanidad. "La Corte Suprema del Perú lo pidió por homicidio calificado y lesiones graves, no lo pidió por delitos de lesa humanidad. Por eso yo también la concedo pero solo por homicidio calificado y lesiones graves, sin perjuicio que mi fundamento son los delitos de lesa humanidad", precisó.

El documento final, que no tiene carácter vinculante, ya se encuentra en poder del juez del caso, Orlando Álvarez. Este lo recibió en su casa, pues está con licencia médica.

En su informe, la magistrada hace hincapié en que lo que ella encontró son solo indicios razonables para que se lleve a cabo la extradición, puesto que el proceso, en sí, le compete al juez natural, en este caso al Poder Judicial peruano. "El tribunal de la extradición solamente debe constatar si existen presunciones fundadas o indicios racionales de culpabilidad para determinar si la petición es acogida o denegada", aclaró. El documento recuerda que estos trámites se amparan en las normas contenidas en el tratado de extradición que suscribieron el Perú y Chile el 5 de noviembre de l932, y que fuera ratificado por el Congreso chileno el 14 de agosto de 1936.

ACENTÚA EL TEMOR DE LA FUGA
El abogado del Estado Peruano, Alfredo Etcheberry, llegó hasta el Palacio de los Tribunales para recoger personalmente una copia del documento emitido por Maldonado. "Estoy muy satisfecho, aunque como abogado hubiera esperado una opinión favorable en todos los cargos", comentó. Indicó que, si bien el informe no es vinculante, tiene un gran mérito, pues la fiscal que lo elaboró es muy respetada por su inteligencia, sus conocimientos y su rectitud. "Es una opinión absolutamente independiente", indicó.

Etcheberry consideró que esta decisión fiscal "puede provocar alarma en Fujimori y acentuar el temor de fuga". No obstante, consideró que la decisión de solicitar la variación de la orden de arraigo por la de detención dependerá de lo que les recomienden los procuradores desde el Perú.

Ahora todo está en manos del juez Álvarez
El informe fiscal ya está en manos del juez de la causa, Orlando Álvarez. Este lo adjuntará al expediente del caso y se tomará aproximadamente un mes para estar en condiciones de emitir su fallo.

Cuando todo esté listo, citará a las partes para que oigan la sentencia. A partir de ese momento, tiene cinco días para tomar la decisión. Su fallo pasa a la Segunda Sala Penal para revisión. Si alguna de las partes no está de acuerdo con este, apela ante dicha instancia. El fallo final podría salir a fines de 2007.

Ayer, en Santiago, publicado el informe, los intentos de la prensa por hallar a Fujimori fueron infructuosos; ello incrementó las suspicacias acerca de su paradero y los rumores sobre su asilo en la Embajada de Japón e, incluso, la posibilidad de su fuga. No obstante, El Comercio supo que el ex mandatario almorzó en un restaurante de la capital chilena, en compañía de unos amigos. Con ellos, recibió la noticia del informe fiscal.

Por la tarde, uno de sus abogados, Francisco Velozo Alcaide, garantizó que el ex mandatario no tiene previsto pedir asilo en la Embajada de Japón, ni mucho menos fugarse del país para eludir la decisión de la justicia.

Mientras tanto, el vocero de Palacio de La Moneda, Ricardo Lagos Webber, reiteró que el Gobierno Chileno ha adoptado las medidas para garantizar la vigilancia y la orden de arraigo de Fujimori, fijadas por el tribunal que lleva la causa, y estas se están haciendo cumplir rigurosamente. Se supo que la vigilancia incluye tres efectivos y dos motorizados. "Dentro del marco legal vigente se hace un seguimiento del procesado. Si Fujimori es requerido por la justicia (en caso se varíe la orden de arraigo por la de detención), puede estar a disposición de la misma inmediatamente", indicó.

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