Cerrado el Caso Canchaya, toca el turno de Cenzano y Menchola

Por Franklin Briceño Hamán

Tomás Cenzano Sierralta (Apra) y Walter Menchola (UN) son los siguientes legisladores sobre los que recaerá el peso de la ley si el pleno del Congreso aprueba las suspensiones en sus funciones que recomendó la Comisión de Ética Parlamentaria.

Cenzano fue sancionado por el grupo de trabajo que preside Luis Galarreta (UN) el último 29 de mayo. La recomendación de la Comisión de Ética señala suspenderlo treinta días sin goce de haber por su supuesto intento de obstaculizar la investigación de un accidente ocurrido en Puno el año pasado.

Durante la sesión realizada hace 12 días se indicó que, además del informe en mayoría aprobado a favor de aplicar esta sanción a Cenzano, habrá otro en minoría en el que se pide solo una amonestación.

Este informe en auxilio del legislador aprista lo suscribieron los colegas de su bancada Fabiola Salazar y Daniel Robles.

El martes último, la Comisión de Ética sancionó con 120 días de suspensión a Walter Menchola por haber solicitado contratar a la universitaria Karen Ku para que trabajara en el despacho de su colega de bancada Martín Pérez.

"Solo falta que el pleno del Congreso decida tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por nuestra comisión", precisó Luis Galarreta.

Respecto de la denuncia periodística que indicó que la congresista aprista Helvezia Balta habría contratado irregularmente a su personal, Galarreta indicó que ya se solicitó la información administrativa respectiva.

LA CIUTA DE PANDO Y BENITES
Asimismo, el fantasma de la pérdida de la inmunidad parlamentaria se acerca a dos congresistas que ya fueron acusados constitucionalmente: Ricardo Pando (GPF) y Tula Benites (Apra).

El legislador fujimorista Ricardo Pando, que representa a Junín al igual que la recientemente acusada Elsa Canchaya (UN), tiene iniciado --desde el 4 de junio-- un proceso de denuncia constitucional por la presunta infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Carta Magna, y los supuestos delitos de peculado, colusión y falsedad genérica.

Todo esto por haber contratado a un asesor que nunca fue a trabajar, pero que sí cobraba puntualmente.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está a la espera de que la Comisión Permanente fije el plazo en el que deben decidir si se acusa a Pando.

En el caso de Canchaya, se tomaron 25 días para hacerlo.

Similar procedimiento se seguirá en el caso de la congresista aprista Tula Benites.

Ella ya fue acusada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el procurador del Congreso, Julio Ubillús Soriano, el pasado 4 de junio.

Las infracciones que se le imputan son las mismas en que habría incurrido Pando.

Según el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Víctor Mayorga (UPP), este lunes 11 se decidirá si se admite la denuncia constitucional contra Benites.