Venezuela, el Perú y la libertad de prensa

Por Farid Kahhat, Analista internacional

Como en un espectáculo de sombras chinescas, las cosas no siempre son lo que parecen en el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV). En el Perú, por ejemplo, algunos de quienes protestaron en forma estentórea por el cierre de RCTV en Venezuela, hicieron mutis por el foro cuando el gobierno de Alberto Fujimori tomó por asalto Frecuencia Latina. Tal vez la diferencia se deba a que, aunque en forma tardía, se han reconciliado con los valores democráticos. Pero también es probable que el estatus de la libertad de prensa les preocupe menos bajo un gobierno conservador, que bajo uno populista.

En ambos casos la pretensión oficial de cumplir con una mera formalidad (la nacionalización irregular del propietario de Frecuencia Latina, y la expiración del contrato de concesión de RCTV), no consiguió engañar a nadie.

En ambos casos los agraviados estaban lejos de alcanzar la indulgencia celestial (Frecuencia Latina respaldó el régimen de Fujimori, y RCTV respaldó el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez), pero en ninguno de los dos casos los pecados del pasado explicaban la severidad de la penitencia impuesta.

El Gobierno Venezolano alega que el retiro de la licencia a RCTV no constituye un acto de censura, pues dicha estación puede seguir transmitiendo desde cable, satélite o Internet. Pero tanto Chávez como Fujimori sabían que la mayoría de la población en nuestra región (y en casi todo el planeta), obtiene su información sobre política nacional a través de la televisión de señal abierta, y no a través de los medios de comunicación asociados a las nuevas tecnologías (Vg., informática y telecomunicaciones). Más aun, la existencia de medios alternativos suele esgrimirse como prueba de la vigencia de una irrestricta libertad de prensa. En ambos casos, por lo demás, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el papel de aquel canino que, en una de las historias de Sherlock Holmes, termina por revelar la identidad del culpable a través de su clamoroso silencio.

En general, la OEA suele restringir su injerencia a aquellos casos en los que el régimen democrático llega a su fin de manera abrupta (Vg., tras el golpe de Estado de Fujimori en abril de 1992), o cuando resulta meridianamente claro que un nuevo gobierno carece de un origen democrático (Vg., el de Fujimori tras el proceso electoral del 2000). En cambio el régimen al que dio origen el golpe de Estado de 1992, y que llegó a su fin meses después de los comicios del 2000, no mereció mayor atención.

En el caso de Venezuela, por ejemplo, la OEA interpuso sus buenos oficios en favor de la realización del "referéndum revocatorio", y luego envió una misión de observación para supervisar el proceso. Culminado el referéndum, sin embargo, se ha mantenido al margen de eventos ulteriores, como el cierre de RCTV. En otras palabras, mientras el escrutinio de votos no revele irregularidades sistemáticas y deliberadas, la forma en la que se ejerza el gobierno entre una elección y otra suele concitar un escaso interés.

Cabría agregar que en este tema no existe tensión alguna entre el principio de no intervención y la defensa colectiva de la democracia, pues los estados miembros de la OEA suscribieron voluntariamente los acuerdos relevantes para este último fin (por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana).

La última similitud entre los casos del Perú y Venezuela es el hecho de que la acción contra un canal de televisión pretendía tener un efecto, digamos, aleccionador sobre otros medios. Si no que lo diga el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, William Lara, quien no tuvo mejor idea que aprovechar el día en que debían llegar a su fin las transmisiones de RCTV para presentar ante la Fiscalía General una denuncia contra CNN por asociar de manera "subliminal" (sic) a Hugo Chávez con la violencia en Iraq (ofreciendo como prueba reportes de semiólogos encargados por su despacho).

Luego, con igual línea de argumentación (si cabe el término), pidió al Ministerio Público investigar a la opositora cadena Globovisión por presunta "incitación al magnicidio". Mediante una asociación libre de ideas, Lara consideró que alternar en distintas secuencias de un programa imágenes del atentado contra el papa Juan Pablo II con un eslogan que rezaba "Esto no se acaba aquí" representaba una invocación (también subliminal, es de presumir), para asesinar a Hugo Chávez. Entre tanto, Freud se revolvía en su tumba.