El Gobierno Regional de Tacna intenta consumar uno de los más graves excesos contra el principio unitario del Estado y el orden legal. Burlándose de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) y haciendo tabla rasa de leyes nacionales anticontrabando, emitió una ordenanza regional que autoriza la comercialización de ropa y calzado usados.
Resulta inaceptable este tipo de dispositivos que confunden la descentralización de funciones con una administración anárquica regional, como si fuese una ínsula autonómica dentro del Perú. En la práctica, esta decisión legalizaría la venta de mercadería que ingresa delictivamente por contrabando desde el puerto de Iquique, Chile. Lo que es peor, sus lesivos efectos traspasan los límites tacneños, pues perjudicaría a 500 fabricantes nacionales y provocaría la pérdida de 300 mil puestos de trabajo, según estimaciones hechas por la Sociedad Nacional de Industrias (SIN).
El TC debe dejar sin efecto este disparate regional, en tanto que el titular de dicho gobierno, Hugo Ordóñez, debe ser denunciado por atentar demagógicamente contra los altos intereses de la patria.