Editorial: TC: Si el Congreso falló, el Congreso debe reparar

En tan complejo escenario, que amenaza la estabilidad política e institucional y afecta el riesgo-país y las inversiones, no caben soluciones 'parche' como la de solo reemplazar al magistrado sorprendido con Mantilla y operadores montesinistas. Eso sería inaceptable, pues afirmaría el triunfo de la componenda partidaria y del oscurantismo, y podría significar el comienzo del desmoronamiento del actual régimen democrático, que tanto esfuerzo nos ha costado reconstruir, luego precisamente de la debacle fujimontesinista.

La situación es sumamente crítica y trae a la memoria el fantasma de los momentos más aciagos del autoritarismo de la década pasada, cuando el Congreso se convirtió en un apéndice del Ejecutivo para, por ejemplo, aprobar la 'ley de interpretación auténtica' (para permitir la re-reelección) o defenestrar a notables miembros del Tribunal Constitucional, llevando al país a la desvergüenza, el abuso legalizado y el caos político.

Repetir, siquiera por asomo, una situación como esa sería intolerable, y así lo entiende la clase pensante y la mayoría ciudadana, que aprecian cada vez más las ventajas de la democracia para el disfrute de libertades y el desarrollo económico. Es por ello que también la prensa independiente está en pie para denunciar el atropello y poner coto a cualquier otra jugarreta parlamentaria que pretenda copar las instituciones del Estado.

Lo que nace mal termina mal. Y si el Congreso erró, pues corresponde al Congreso arreglar lo que hizo mal ; y no esperar que se le enmiende la plana desde otro poder o instancia democrática.

Veamos: Como han advertido juristas de renombre, el propio presidente del TC, voceros de la mayoría de bancadas y prominentes miembros del oficialismo, la elección en bloque ha sido forzada, no se ajusta al marco normativo del TC y muestra vicios que llevarían a anular todo el proceso.

Luego, por una cuestión de lógica y proporcionalidad, si se eligió en bloque a cuatro magistrados, pues la defección o caída de uno, por los graves motivos conocidos, tiene que significar la suspensión de todo el proceso en bloque.

Y si vamos a razones de legitimidad y competencia, no se puede convalidar un proceso carente de la publicidad inherente a cualquier acto público y que ha estado salpicado de acusaciones de corrupción, cuyos autores finales siguen aún sin identificarse. Si se insiste en mantener a los otros tres magistrados seleccionados en este cuestionado proceso, lo único que se logrará es un permanente velo de ilegitimidad sobre su nombramiento. Y, peor aún, se terminaría inevitablemente quebrando la imagen, el prestigio y el peso institucional del mismo TC, lo que sería desastroso. ¿Puede el país, que está pugnando por encontrar su senda económica y política, aceptar que una institución medular como el TC se vea copada políticamente con la consiguiente pérdida de credibilidad ante el país y los inversionistas internacionales?

Es esta preocupación lo que habría llevado al actual presidente del TC a exhortar al Congreso a declarar la nulidad el proceso. El escenario que se plantea a partir de aquí es realmente perturbador: ¿Podemos imaginar el zafarrancho político y el daño que se haría al andamiaje institucional si la propia entidad para la cual se está eligiendo integrantes --el TC--se ve obligada a aceptar una acción de inconstitucionalidad contra ese proceso?

¿Y todo eso por qué? Pues por la miopía de algunos parlamentarios que no reparan en las gravísimas consecuencias de su errada conducta, que solo buscan abusar del poder para beneficios personales o partidarios. Estremece pensar qué hubiera pasado si la prensa no revelara las fotos de Ríos con Mantilla y compañía. ¿Qué TC tendríamos? ¿Habría el Congreso planteado revisar la elección o solo se avendría a los hechos consumados?

La mesa directiva, con su presidenta Mercedes Cabanillas a la cabeza, así como los portavoces de las bancadas tienen que asumir su responsabilidad con madurez y no someter a la nación a las penurias y riesgos de aceptar un proceso que nació mal. Tienen que convocar a otra elección, llamando a los mejores juristas y actuando con la mayor transparencia requerida, que es lo que no se hizo esta vez. Tranquiliza que el primer ministro Jorge del Castillo haya expresado clara y valientemente su posición de deshacer el entuerto: "Esa votación adolece de un vicio, el acto debiera anularse". También que Cabanillas haya dicho ayer que pondrá a consideración anular la votación.

Lo que la ciudadanía le exige al Parlamento es coherencia e hidalguía para recomponer el error y plantear salidas legales, que estamos seguros contribuirán a devolver majestad a este poder. La invocación va sobre todo al Apra, que tiene que llamar al orden a su persistente ala radical y deslindar definitivamente con Mantilla: El país votó por un Apra democrático y renovador y no por Mantilla y todo lo que ello significa. Dejar las cosas como están implica para el Congreso no solo abusar del mandato ciudadano sino hacer suyo en gran parte lo que Mantilla digitó. ¿Eso quieren?