Venta de lotes que hiciera asociación en terreno del Estado se podría anular

Por Elizabeth Salazar Vega

Los representantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Satomi Kataoka han dado diversas versiones para desmentir la documentación que obra en la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y en el área legal del Ejército, la cual los acusa de haber invadido 27 hectárea de un terreno del Estado situado en el kilómetro 56 de la Panamericana Sur, en Pucusana.

Sin embargo, Oswaldo Chauca Navarro, representante legal de la asociación, asegura que han adquirido el terreno, pero no cuentan con una minuta notarial de compra, "pues aún no se ha terminado de pagar". Pese a ello, los representes legales ya habrían vendido lotes a unas dos mil personas, cuyas instalaciones de madera se pueden apreciar desde la carretera.

ZONA EN LITIGIO
La persona a quien le están comprando el terreno es Numa Casabonne Rasselet, ex presidente del Club La Honda, quien a su vez dice haber adquirido el predio a una familia representada por Robustiano Navarro Modesto, en 1996, "con el fin de arborizar y evitar invasiones". "Pero los demás clubes no quisieron ayudar con pagar el mantenimiento ni la guardianía, así que tuve que venderlo a Satomi Kataoka, aunque sé que el uso que se le va a dar no es el mejor", dice.

En la minuta notarial que ambas personas suscribieron se señala que el predio vendido está en la margen derecha de la Panamericana Sur (de norte a sur) y es de 42 hectáreas correspondientes al fundo La Patita, ubicado en Cañete. La asociación dice que está comprando este terreno a Casabonne, pero una inspección técnica que realizó la Superintendencia de Bienes Nacionales señala que el área que realmente ocupan es de 77 hectáreas. "Eso es porque también he ofrecido venderles otro terreno que le compré a la comunidad campesina de Chilca y que en total hacen 132 hectáreas", añade Casabonne.

En la página web de la asociación y en toda la documentación que esta presenta se consigna que "el terreno de Satomi Kataoka está inscrito en los Registros Públicos con la Partida 90264516", que no es otra que el número del fundo La Patita. No mencionan otro documento que justifique la ocupación del resto de hectáreas. Pero antes de que el Ejército advirtiera este año la ocupación e iniciara acciones legales para recuperar el predio, esta zona ya se encontraba en litigio. El 2004, la comunidad campesina de Chilca, presidida por Alfredo Chauca (hermano de Oswaldo Chauca), vendió el mismo predio a la empresa Renacimiento del Sur. Más allá de la legalidad que pueda tener esta nueva venta, los representantes de la empresa y Casabonne se demandaron mutuamente por usurpación. El 2005, este último obtuvo la administración provisional del terreno, por lo que se ordenó a la empresa salir de la zona.

Oswaldo Chauca alude a este hecho para decir: "El Poder Judicial falló a favor de nosotros y confirmó que ellos nos invadieron". Pero no se trata de una sentencia. De acuerdo con el penalista Mario Amoretti, la administración provisional es una entrega momentánea, solo mientras dure un litigio. "Es dentro del proceso donde se emite pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, por lo que la administración puede variar", señala la Resolución Judicial 994-05.

Efectivamente, en octubre pasado el Juzgado Penal 20 de Lima ya otorgó una sentencia absolutoria a favor de la empresa, por lo que la administración podría revertirse. Casabonne admitió que si el juzgado falla en contra, se tendría que devolver el predio. "Eso lo saben los dirigentes de Satomi. Les expliqué los problemas y aun así decidieron comprar", agregó. No solo comprar, sino subvender lotes en un terreno en disputa, y a ello se suma las demandas penales que iniciará el Ministerio de Defensa según la Resolución 436-2007 del sábado pasado.

Amoretti advirtió que esta última venta es ilegal. "La administración provisional no otorga facultad para alquilar o vender, pues es un riesgo. Eso es un delito de defraudación. Vender un inmueble sabiendo que está en juicio tiene una pena de hasta cuatro años. Si el Ejército confirma su posesión, se añadiría el delito de estafa".

LOS LÍMITES DE LA PATITA
Buscando la documentación archivada en la Sunarp de Cañete, encontramos que la primera inscripción de La Patita data de 1963 y limita por el sur con la Quebrada de la Parca, por el este con las Lomas Chotana, por el norte con las Lomas Calcáreo y por el oeste con la Panamericana Sur. A simple vista, esto describe una zona distinta de la incluida en la minuta de Casabonne, pues se sitúa al frente del área que ocupa la asociación (ver infografía).

Al respecto, Casabonne indicó que el límite original del terreno era la antigua Panamericana, "que, de norte a sur, se encontraba más a la derecha de lo que está la actual carretera. Pareciera que el predio que ocupa Satomi ha cruzado el límite, pero sigue siendo parte del fundo".

La información cartográfica de la red vial nacional que se almacena en el Ministerio de Transportes no diría lo mismo, pues la vía más antigua y la nueva Panamericana Sur siempre se habría unido en una sola vía a la altura de Pucusana. Asimismo, según la base de datos de la Sunarp, todo el fundo La Patita se encuentra al lado izquierdo de la Panamericana Sur (de Lima a Cañete), mientras que el terreno de propiedad del Estado está en el margen derecho de la vía. Es más, entre La Patita y el terreno del Estado hay un tercer predio.

MIENTE QUE ALGO QUEDA
Otro detalle interesante es el proceder de los representantes de la asociación. En un informe anterior el gerente general de la Municipalidad de Pucusana, Ismael García, indicó que la asociación actúa ilegalmente, pues no tiene habilitación urbana, no son contribuyentes y realizan actividades sin licencia, "ya que no han podido acreditar la propiedad. "Ninguno de los documentos que la asociación muestra para asegurar que el terreno es suyo está a su nombre".

Oswaldo Chauca encabezó una conferencia para responder las acusaciones, y una vez más asumió las facultades del presidente de la asociación, Pedro Chapa. "Nos hemos reunido con el alcalde y está muy indignado con su gerente. Nos ha prometido volar su cabeza y darnos todo su apoyo", dijo Chauca, entre los vítores de sus socios.

El alcalde Juan Cuya Espinoza se unió a los jefes de gerencias para desmentir los infundios. "Dicen que nos negamos a recibir sus solicitudes. Mentira. Recién el 29 de mayo ingresaron documentos para la habilitación urbana y encima están mal hechos. Solo pedimos legalidad", añadió. Asimismo, la asociación edita una revista en la que incluye declaraciones de diversos personajes que le manifiestan su apoyo, pero --como se ve en la foto de arriba-- sería otra falsedad.

Pedro Pablo Chapa, presidente de la asociación, reconoció que algunos miembros estaban pidiendo la devolución de su dinero, pero dijo que solo eran 17 del total. "Buscaremos la forma de hacerlo", agregó.

4Según la Resolución Ministerial 436-2007, publicada el sábado en "El Peruano", el sector Defensa autorizó iniciar las acciones legales para recuperar el terreno.

4En su inciso 4, el artículo 197 del Código Penal tipifica como defraudación cuando se vende o grava, como bienes libres, los que están en litigio, embargados o gravados, y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos.