Ley debe atraer a maestros competentes

El principio fundamental de la nueva ley de la carrera pública magisterial debe ser lograr buenos profesores para nuestros alumnos y conseguir que ser docente en la escuela pública resulte una opción atractiva.

En tal sentido, la ley debe eliminar cualquier resquicio que favorezca a aquellos que solo buscan atornillarse en su puesto sin tener las condiciones. Como en cualquier otra profesión, un profesor incompetente debe ser despedido. Esto solo será posible con una norma cuyo eje principal sea la meritocracia.

El primer tramo en esta cruzada a favor de la calidad educativa ya fue logrado cuando el Ministerio de Educación logró restaurar el principio de autoridad en el sector y pudo evaluar a los maestros. Ello también significó una derrota de la politizada y reaccionaria cúpula del Sutep y su subsecuente debilitamiento.

Ahora, la siguiente etapa es una doble tarea para el Apra. No hay que olvidar que la controvertida ley del profesorado y sus modificaciones reglamentarias --que tonificaron a las huestes sutepistas-- fue impulsada durante el primer gobierno aprista, nada menos que por la hoy presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas. Por esta razón están obligados a legislar pensando en los millones de escolares que por muchas décadas han sufrido terriblemente las consecuencias del mal sistema y los malos maestros.

Una buena señal, respecto del proyecto que debe ser visto por el pleno, ha sido que el esperpéntico predictamen que elaboró una subcomisión haya sido corregido por la Comisión de Educación, pero todavía existen puntos por mejorar. Por lo pronto, es inconcebible aceptar que el profesor que desaprobó uno o dos exámenes siga al frente de un aula. El niño que busca aprender matemáticas o razonamiento verbal no puede ser castigado con la incompetencia de una persona que no tiene la capacidad para ser maestro.

Del otro lado, es urgente que se disminuya la intromisión ideologizada e interesada del Sutep en la evaluación de los maestros (lo que finalmente utiliza como un arma de chantaje para fungir de defensor gremial) y que se permita que profesionales competentes de otras áreas puedan incorporarse a la docencia.

Estas correcciones deben ser debatidas e incorporadas, de modo que la ley de carrera magisterial sea un cuerpo coherente y pueda entrar en vigencia y ser presupuestada para el próximo año.