Frente a frente

"No hay por qué castigar una relación voluntaria"
GINA YÁÑEZ
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS (ONG)

Si hay relación consentida entre un menor de 14 a 18 años y otra persona de la misma o diferente edad, eso no tiene por qué ser penado, pues se trata de la voluntad de dos personas. Además, la realidad indica que los jóvenes inician a temprana edad su actividad sexual consentida. Esto no significa que estemos de acuerdo con que la violencia sexual deje de castigarse, por el contrario, creemos que hay penas importantes contra ese delito pero en la práctica no se aplican, hay una gran impunidad. Esto debe llevarnos a reflexionar. Lo que debemos reclamar como país es que se castigue de manera adecuada las relaciones sexuales con violencia. El cambio legislativo adoptado por el Congreso no va a resolver el problema de fondo. Necesitamos un plan integral nacional, un compromiso político y efectivo que permita, por ejemplo, que el tema de las relaciones sexuales sea abordado con naturalidad en las escuelas o en el seno de la familia. Creemos que un adolescente bien informado podrá decidir incluso postergar el inicio de su actividad sexual.

Hemos pasado de un extremo a otro: de una ley (28704) que establecía 25 a 30 años de prisión para quien sostenía relaciones con un menor de 14 a 18 años, lo que me parece una barbaridad, a otro extremo, en que los legisladores los dejan totalmente desprotegidos, pues se establece que si los menores de 14 a 18 años consienten la relación sexual, no es punible. Se deja de lado la figura de la seducción, que se sancionaba con una pena de 3 a 5 años de cárcel; y la de turismo sexual, penado hasta con seis años de cárcel, cuando se mantenía, a cambio de un pago, relaciones sexuales con una persona de 14 a 18 años. Lo recomendable era --y espero que el Ejecutivo observe la reciente ley aprobada por el Congreso-- derogar solo el tercer inciso del artículo 173-A del Código Penal y dejar las figuras de seducción y de turismo sexual. Esto demuestra que los cambios legislativos se hacen de espaldas a los especialistas. También es cierto que el derecho civil y el derecho penal no se ponen de acuerdo cuando se trata de poner vallas más altas para el ejercicio de algunas facultades civiles.