Agenda verde

Por David Rivera del Águila, Economista[Editor]

Cuán poca atención tendrá el agro que tuvieron que pasar varios días para que algunos especialistas lograsen dar a conocer la realidad sobre el financiamiento estatal para este sector. Agrobanco ya tenía la facultad de otorgar créditos como banca de primer piso; es decir, directamente a los agricultores (alrededor del 45% de su cartera de préstamos corresponde a esta modalidad). La diferencia principal en este aspecto con la ley aprobada por el Congreso es que mientras hoy los créditos están condicionados a que los agricultores integren una cadena productiva, con la nueva norma ya no lo estarán.

Y si bien de mantenerse el esquema actual el número de agricultores propietarios de pequeñas parcelas que podrán acceder a capital será poco representativo respecto del total, extender el financiamiento a todos sin ningún criterio técnico o condicionamiento de por medio sí preocupa. Porque si en algo tienen razón quienes se oponen a un Agrobanco que compita con la banca comercial es en que mientras los problemas globales de los minifundistas no sean resueltos, financiarlos puede que implique solo derrochar el dinero desde una perspectiva macroeconómica, o ser solo un paliativo de corto plazo desde una perspectiva micro. Pero definitivamente no contribuirá necesariamente al desarrollo de los minifundistas ni a sacarlos de la situación de precariedad.

Por ello, más allá de las discrepancias respecto de la conveniencia de que Agrobanco se reconvierta y se comporte como un banco comercial para otorgar créditos directamente a los agricultores (no solo como garante a través de las cajas municipales y rurales), la duda es si este Gobierno, específicamente la cartera de Agricultura y su ministro Ismael Benavides, estará en capacidad de implementar un esquema de apoyo al sector agrícola tradicional, que incluya la articulación de los pequeños productores, el apoyo gerencial y técnico, adecuados sistemas de información sobre mercados, productos y precios, entre otros aspectos relegados por dos décadas de las políticas públicas del país.

En este sentido, si bien los críticos de la banca estatal no tienen necesariamente razón respecto de que el Estado no debe brindar créditos --y a tasas preferentes-- en aquellas zonas o en aquellos sectores en los que la banca privada no llega o en los que su incursión es muy lenta, sí es cierto que es necesario buscar una solución integral a los problemas del agro, porque otorgar créditos por tener que darlos solo llevará a generar otro problema, de tipo financiero o fiscal en el extremo.

Si bien el desarrollo del sector agroexportador peruano ha permitido desterrar aquella idea que persistió hasta hace no mucho, que la agricultura era una actividad sin potencial productivo en nuestro país, también está creando la falsa impresión en algunos de que los problemas del agro están casi o prácticamente resueltos. Y no es así (ver nuestro Informe de hoy). El ministro Benavides tiene la palabra.