El Congreso que no queremos

Por Francisco Sanz Gutiérrez

El jueves por la noche, cuando el actual Congreso le bajaba la persiana a su primer año de gestión, su presidenta Mercedes Cabanillas pidió silencio para presentar el balance de lo actuado. Doña Meche hizo un meticuloso recuento de lo bueno, pero se olvidó de lo malo y lo feo, ese indeseable tópico que le pasa factura al Parlamento cada vez que se pregunta al país si aprueba o no su labor.

El 18% de aprobación que hoy, según el último sondeo nacional de Apoyo, ostenta el Legislativo supera el escuálido 12% con el que acabó el del quinquenio toledista, pero añora el 34% de popularidad con el que empezó --en medio de ilusión y propósitos de enmienda-- hace casi doce meses.

Por cierto, los congresistas elegidos en el 2006 no esperaron la instalación en sus curules para mostrar los primeros signos de intemperancia. A fines de junio del año pasado, ocho representantes del Partido Nacionalista irrumpieron con violencia en el hemiciclo para protestar contra el TLC con Estados Unidos, que se debatía entonces en el pleno. No obstante el tiempo transcurrido, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria todavía no da su veredicto.

A los pocos días de aquel ingreso iracundo, Francisco Escudero (UPP) les tomó la posta y se parapetó en la oficina del legislador saliente Édgar Villanueva con el objetivo de apropiarse de ella a la fuerza. La policía lo sacó a empellones y tras esos quince minutos de fama, volvió al anonimato.

Carlos Torres Caro y Álvaro Gutiérrez sobresalieron en la campaña electoral como puntas de lanza de Ollanta Humala, pero antes de jurar el cargo se pelearon a muerte con él, protagonizando así los primeros casos de transfuguismo.

las primeras manchas

Pero aquella no fue la hora célebre de Torres Caro. Esta llegó en marzo de este año, cuando "Caretas" publicó unas fotos que, tomadas desde su celular, divulgaban imágenes comprometedoras de sus colegas José Vega (UPP) y Javier Velásquez (PAP) en un viaje de trabajo a Brasil.

Se sucedieron sablazos verbales entre los implicados --con acusaciones de manipulación y filtración de las pruebas-- y finalmente el pleno suspendió 30 días sin goce de haber al "fotógrafo moralizador" por haber causado un "daño enorme e irreparable a la imagen del Congreso". Vega y Velásquez fueron absueltos de cualquier responsabilidad. Visto a la distancia, un escandalete frente al cual uno no sabe si reír o llorar.

Más grave fue el desempeño del Parlamento en el asunto que tuvo como infausto protagonista al ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca. Ocurrió a mediados de abril cuando, de manera inaudita, no se alcanzaron en el pleno los votos suficientes para aprobar su interpelación por la supuesta compra irregular de contenidos periodísticos para promover su tarea al frente del ministerio. Nacionalistas y upepistas, además de los apristas, libraron a Garrido Lecca de afrontar una eventual censura. Lo irónico es que se decidió que la Comisión de Fiscalización continuara la investigación. ¿Hace falta decir que aún estamos esperando alguna luz del grupo de trabajo que dirige Édgard Reymundo (UPP)?

SE DESTAPA LA OLLA
Los últimos días de abril, una nueva revelación periodística --esta vez de "Cuarto Poder"-- estremeció el ambiente y sus continuas réplicas, como si pisáramos terreno minado, aturden hasta hoy. Se descubrió que Elsa Canchaya, desapercibida representante de Unidad Nacional (UN) hasta entonces, había contratado como asesora de su despacho a su empleada doméstica Jacqueline Simón, quien nunca pisó el Legislativo, nunca recogió su fotocheck y nunca contó con los méritos para el cargo.

Días más tarde, el pleno decidió suspenderla 120 días --no hay una sanción mayor-- y le dio opción a convencer a sus colegas de su inocencia. La contundencia de las pruebas impidió, gracias a Dios, que se saliera con la suya. Por unanimidad, se determinó que procedía la causa contra ella por los presuntos delitos de nombramiento ilegal para cargo público, estafa y falsedad genérica. Hay una denuncia penal en curso y el accesitario ya se acomodó en la curul de la parlamentaria huancaína.

El Caso Canchaya fue la riada que abrió la compuerta. Su correligionario Walter Menchola también ha sido suspendido 120 días por interceder en la irregular contratación de la universitaria Karen Ku, a la sazón su pareja sentimental, en la oficina de su colega Martín Pérez (UN). En todo caso, se libraría del desafuero.

En algún momento, la quinta parte de los integrantes del Legislativo estuvo inmersa en escándalos de toda índole. Depurados ciertos casos --en los que se reconoció cierta exageración acusatoria--, hoy Tula Benites (PAP) y Ricardo Pando (Grupo Fujimorista) ven que sobre ellos pende la amenaza de una justa acusación constitucional por malhadadas contrataciones fantasma. Aunque sus respectivas bancadas batallan con denuedo digno de mejores causas para limpiarlos de polvo y paja.

La cereza en este agrio postre la ha constituido, qué duda cabe, la penosa imagen dejada con la búsqueda de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Primero, una comisión evaluadora que se tapó los oídos ante los requerimientos de transparencia y que no hizo públicos los puntajes de los postulantes sino hasta cuando no tuvo otro remedio. Segundo, una elección anulada debido al destape del escándalo de Javier Ríos, uno de los elegidos. Y como colofón, otra elección en la que se designa al primero de la lista de méritos --para calmar a la opinión pública--, pero en la que la repartija política liquida la posibilidad de elegir a los tres restantes.

A tal punto ha calado el malestar por estos últimos hechos entre la ciudadanía, que la misma Mercedes Cabanillas --cuya popularidad parecía incombustible-- ha visto reducir su margen de aprobación a 42%, muy lejos del 64% con el que empezó su andadura como titular del Legislativo. A propósito de la lideresa aprista, sin retacearle sus innegables méritos para el puesto, ha tenido algunas salidas destempladas este año. Quizá la más recordada fue aquella que, en plena sesión en la que se discutía la libre desafiliación de las AFP, le espetó a Martín Pérez: "¿Con quién está hablando usted por teléfono? Parece que con sus patrones". Sus disculpas, eso sí, no tardaron en llegar. Varios colegas suyo se las deben también al país.

Del consultor: Entender para mejorar
Por Giselle Velarde, filósofa

Los numerosos escándalos e inmoralidades de nuestros representantes nos hacen preguntarnos por qué estas situaciones se repiten si todos manifestamos repudiarlas. Un primer paso es entender:

(1) Una sociedad no puede vivir sin una normatividad común, la cual puede venir instaurada por parte de uno(s) (sea arbitrariamente por el poder o fundada en privilegios o fruto del trabajo conjunto de profesionales reconocidos que trabajen para el país y con sensibilidad social) o puede irse componiendo, vía múltiples acuerdos que sean respetados .

(2) Nuestro país no ha hecho nunca una inversión en nuestra formación moral y por ello no somos 'ciudadanos' sino que nos relacionamos (aún) solo como 'individuos': esto explica por qué somos fundamentalmente instrumentales y no consideramos al otro como un igual.

(3) Vivimos en la época de la 'sociedad de masas': esto es positivo en tanto permite que la gran mayoría gane diversos espacios y evita jerarquías infundadas, pero puede también fomentar mayor arbitrariedad y destrucción social cuando esa ganancia no viene acompañada de un proceso educativo real.

¿Qué hacer? Preguntarnos cómo nos comportaríamos ante una situación de poder similar a la denunciada: ¿seríamos éticos?, ¿buscaríamos implantar normas claras y aceptaríamos nosotros mismos regularnos por ellas? Paralelamente, es necesario dejar de tildar al otro de "pobrecito" pues con ello mantenemos todo tipo de inmoralidades y jerarquías infundadas, y evitamos sancionar cuando debemos hacerlo así como recibir nuestra sanción cuando es ello lo que nos toca. Nada de lo dicho justifica la acción de algunos congresistas ni excluye su sanción, pero sí evidencia que mientras pidamos concesiones y estemos dispuestos a otorgarlas y recibirlas, el Perú no cambiará.