Apuntando a las concesiones eléctricas

Por Manuel Marticorena Solís

El agua es la fuente de generación eléctrica más abundante y barata que tiene el país. Siendo así, la lógica dice que la mayoría de proyectos eléctricos deben apuntar a utilizar este recurso; pero esto no es así. Entre el 2001 y el 2006, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha entregado 14 concesiones definitivas para la construcción de centrales hidroeléctricas con una potencia acumulada de 1.868 Megavatios (MW) y solo se ejecutaron proyectos por 268 MW, apenas el 14,3%.

Según el viceministro de Energía, Pedro Gamio, muchas empresas han solicitado la concesión definitiva para proyectos hidroeléctricos sin tener el soporte económico necesario para afrontar la construcción, especulando con la concesión. Así, estas empresas esperarían que las necesidades de generación eléctrica del país aumenten para poder vender sus proyectos, por lo que obtendrían ganancias por haber desarrollado solo estudios y sin haber movido una sola roca en la construcción.

Ante esta realidad, el Gobierno ha lanzado un proyecto para modificar la Ley de Concesiones Eléctricas y limitar el otorgamiento de concesiones definitivas solo a aquellas empresas que demuestren capacidad financiera para construir, el mismo que ha sido aprobado la semana pasada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso y que se discutiría en el pleno durante la próxima legislatura.

El proyecto de ley, además, exige que el concesionario establezca un cronograma para la construcción de la hidroeléctrica comprometiéndose, a riesgo de perder la concesión, a cumplirlo. Así no habría posibilidad de que haya eternos concesionarios, tal como sucede en la actualidad.

Por supuesto que el proyecto de ley no ha llegado a agradar a algunos empresarios que tienen concesiones. Miguel Suazo, presidente de S&Z Consultores, empresa que tiene la concesión de los proyectos hidroeléctricos de Quitaracsa y Tarucani, ubicados en Áncash y Arequipa, respectivamente, señala que si no se ha construido plantas hidroeléctricas, "no fue porque las empresas concesionarias hayan querido especular con ellas, sino porque las señales de tarifas en el mercado no eran las adecuadas".

No solo eso. Suazo indica que el propio Estado ha paralizado varios proyectos hidroeléctricos en camino. En 1998, el gobierno de ese entonces dio una ley que paralizaba la construcción de proyectos hidroeléctricos, la misma que recién se derogó en el 2001.

"Cada proyecto hidroeléctrico demora en estudiarse y construirse unos diez años, por lo que no se puede pretender que con las licencias que se han otorgado desde el 2001 se construyan centrales al año siguiente", señaló Suazo.

Por su parte, Alejandro Ormeño, gerente general de SN Power, empresa que tiene la concesión definitiva del proyecto hidroeléctrico Chévez, concuerda con él en el tema de tarifas. Remarca que los costos de los insumos usados para la construcción de plantas hidroeléctricas (acero y cobre) han subido en los últimos años, mientras que en el Perú las tarifas tienden a bajar, dejando poco margen para que los que deseen invertir en hidroeléctricas lo consideren un negocio rentable.

CON URGENCIA
En tanto, el Perú necesita para atender la creciente demanda eléctrica (que este año aumentará 8%) el ingreso anual al parque de generación eléctrica de plantas con capacidad de producción de 200 MW. Adicionalmente, se requiere de más energía para reemplazar la producción de las plantas del sistema que funcionan a diésel y residual (derivados del petróleo) y cuyos costos de producción mantienen altas las tarifas.

De allí que el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señale que el país se encuentra frente a una necesidad imperiosa de construir más centrales eléctricas, en especial hidroeléctricas, para impedir un alza de tarifas. Paradójicamente, Suazo indica que la construcción de más hidroeléctricas solo se logrará con tarifas acordes con los incrementos de costos de los proyectos y no endureciendo las condiciones para su desarrollo.

El proyecto de ley para modificar la ley de concesiones eléctricas permitiría el retorno al Estado de proyectos dormidos y otorgarlos a empresas que se comprometan a desarrollarlos. Suazo indica que esto representaría una expropiación de los proyectos, por cuanto las empresas que tienen actualmente las concesiones han invertido en hacer estudios --que deberán trasladar al MEM-- sin ser reconocidos económicamente.

Indica que según el plan maestro del Gobierno, existen más de 57.000 MW en proyectos hidroeléctricos factibles de desarrollar y solo 1.762 MW que están concesionados y a los cuales el Gobierno les ha puesto el ojo. Aunque, remarca, "el hacerlo no necesariamente garantizará que las inversiones en generación hidroeléctrica lleguen". Habrá que ver.