"No tenemos una conciencia de costos"

Por Mariana Vega Jarque

No le molesta la palabra liberal. "Al contrario", dice, y ríe. Daniel Córdova, decano de la Facultad de Economía de la UPC, investigó durante dos años --con un equipo de estudiantes y profesores de esta universidad-- por qué pagamos lo que pagamos por luz, agua o teléfono y si es más o menos lo que pagan nuestros vecinos. Así, publicó la semana pasada el libro "Gestión privada de los servicios públicos. Las tarifas y el fin de los mitos", en el que concluye que las tarifas y servicios de las empresas locales de servicios públicos que han sido privatizadas no están, como hemos escuchado, entre las más altas y los peores de la región.

¿Qué lo motivó a hacer esta investigación?
Cuando observamos cómo mejoraron los servicios públicos con la inversión privada, y cómo paralelamente se iba generando una corriente de opinión pública contraria a las empresas privadas de servicios públicos, nos pareció interesante analizar estos temas. En especial cuando por el 2004, a propósito de la fijación del factor de productividad (en telefonía fija), se hicieron comparaciones con las tarifas de América Latina, las que fueron (hechas) un poco a la ligera. Lo que buscamos, en primer lugar, fue hacer una comparación de tarifas de una manera técnica y, además, hacer una comparación del servicio para llegar a conclusiones, yo creo, bastante alentadoras para el caso peruano. Paradójicamente, encontramos que existe una hostilidad del sector político hacia las empresas privadas de servicios públicos, una severidad a veces excesiva. Por otro lado, hallamos una actitud distinta hacia empresas estatales como Enapu o Sedapal, que no solo tienen indicadores de performance mucho menos eficientes que las empresas privadas, sino que además se han rebelado contra las reguladoras.

¿Cree, entonces, que la preocupación estatal y las quejas de los usuarios son gratuitas?
No. El sistema político en el Perú se concentra mucho en el Congreso y creo que allí algunos congresistas hicieron de la hostilización a las empresas privadas de servicios públicos su bandera política, su fuente de votos. Ese es el problema en general de la economía política de América Latina. Por otro lado, los grupos de interés que representan una minoría en la población tienen un poder político mucho mayor que el peruano de a pie, que no está organizado, no tiene capacidad de lobby ni acceso a la prensa. Eso, creo, es el corazón de la problemática en general de la economía política del país. El sindicato de Enapu tiene más poder que los habitantes del pueblo joven más pobre del Perú, porque evidentemente ellos tienen la capacidad de hacer una huelga y parar el puerto.

El usuario de los servicios públicos suele quejarse también...
Claro, y en el libro hago también la acotación: esto no significa que estamos en el paraíso ni mucho menos. En telefonía, por ejemplo, hay mucho que mejorar en el servicio y hay que estar allí permanentemente acotando, y las reguladoras en ese sentido cumplen su función. Pero hay mucho más que mejorar para aquellos que no tienen el servicio.

Ese es un discurso que se escucha mucho, ¿pero quién es el que debe hacer algo para que esta mejora se concrete?
Yo creo que es tanto el Estado como el sector privado. En el caso de la telefonía, tiene que haber una política mucho más proactiva en el Fitel (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) y hay que reconocer que las trabas burocráticas para toda la inversión pública generan lentitud; tal vez hay que ser un poco más agresivo y tener una política de alianzas con las empresas privadas y no de hostilidad. En el caso de electricidad, en Lima el 98% está cubierto y es que hay dos empresas privadas, con mínimos problemas sociales, mínimas quejas. Hay que replicarlo en todo el Perú, ¿pero cómo hacer para que los gobiernos regionales y las municipalidades suelten el manejo de ese servicio? No lo sé.

¿Y qué hay de los otros servicios?
En el caso de la infraestructura aeroportuaria, se está avanzando bastante bien. Del aeropuerto Jorge Chávez se pueden decir muchas cosas, se puede cuestionar el contrato, pero nadie va a negar que el aeropuerto está mucho mejor que hace cinco años. En el tema de los puertos, creo que así como el Gobierno se enfrenta al Sutep de manera valiente, hay que enfrentar también al sindicato de Enapu y ver de qué manera se puede dar en concesión. Dicen que es imposible, pero creo que si el presidente Alan García fuese un estadista con una visión política superior, lo haría, si tiene todo el poder político para hacerlo - O Sedapal, por ejemplo. Está demostrado que si el agua está bien regulada, genera mucho mayor cobertura en manos privadas, pero no se hace nada. Claro, Sedapal es un gran empleador, hay definitivamente un copamiento de gente del partido de gobierno, de perfil muy bajo, ¿pero por qué no se hace? Allí está la diferencia entre un gobierno aprista edulcorado y un gobierno aprista que quiere cambiar la historia.

¿Cree que los peruanos no estamos acostumbrados a pagar por los servicios públicos?
Sí. Ese es un fenómeno latinoamericano y los políticos en general, hasta en el mundo desarrollado, son así - no hay una conciencia de costo. Y en las protestas se escucha: "El Estado me debe dar, me debe dar - ". ¿Y de dónde sale eso? No hay una conciencia de costo y esa es la fuente del populismo en general. La gente cree que hacer empresa no cuesta, y así no es...Y, claro, los empresarios son muy malos explicando esto. Hay que distinguir entre lo que se ve y lo que no se ve: se ven las protestas, los paros, los bloqueos de carreteras, y se ve la riqueza, también, pero cómo se generó esa riqueza, eso no se ve.

LA FICHA
Profesión: Economista.
Edad: 41.
Formación: Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico. Doctor en Economía Internacional de la Universidad de Grenoble, Francia.
Cargos: Decano de la Facultad de Economía de la UPC. Presidente de Invertir.
Experiencia previa: Presidente de Pro Capitales. Director de Osiptel. Gerente general de Cómex Perú.