Por Enrique Bernales Politólogo
El Estado Peruano ha ratificado la Convención Internacional contra el Mercenarismo, es decir, se ha hecho parte de un tratado de la ONU aprobado en 1989. Por este tratado se persigue simultáneamente los actos mercenarios, así como el mercenarismo; dos figuras delictivas cuyo escenario es internacional y que siempre afecta a un Estado soberano.
El acto mercenario identifica a la gente en la comisión de una actividad criminal por la cual ha recibido una paga para producir un daño determinado. Este puede afectar la vida, por lo general de dirigentes políticos, o producir daño en instalaciones de un país al que se violenta mediante esta actividad criminal.
La otra figura es la del mercenarismo, acto por el cual se recluta, financia y diseña una operación criminal para producir un daño bajo la modalidad de operación encubierta.
Como relator especial de la ONU contra las actividades mercenarias visité muchos países afectados por actividades mercenarias. Constaté in situ las graves lesiones que se producen a través de este crimen de lesa humanidad. Estas acciones se han agravado a partir de la formación de empresas internacionales que, en nombre de prestaciones de seguridad, contratan mercenarios e interfieren en asuntos internos de cualquier país.
El Perú al hacerse parte del tratado asume obligaciones de condena y persecución de este delito. No permitirá modalidad alguna de actividad mercenaria en territorio peruano, ni se involucrará en hechos de este tipo que pudieran afectar a un tercer Estado. Más aun, procederá a establecer en el derecho interno penas adecuadas para los delitos de actividad mercenaria. Asimismo, coordinará con otros estados-parte la prevención de estos delitos. Tendrá que ejercer una actitud cooperante en el entendimiento de que la plena vigencia del tratado contribuye al respeto de la soberanía de los estados, a la seguridad y a la paz.