Contraloría investigará presunto financiamiento de protestas

La Contraloría General de la República investigará a ciertos gobiernos regionales a fin de descartar que hayan financiado las protestas que paralizaron diversas zonas del país durante las últimas semanas.

El contralor general, Genaro Matute, precisó que es normal que esta institución evalúe los gastos que realizan tanto los gobiernos regionales y locales, como el propio Gobierno Central.

"No estamos entrando con una evaluación específica de quién podría o no haber financiado (las protestas). A todos los vamos a evaluar igual, pero sí vamos a investigar", señaló.

Por otro lado, manifestó que la Contraloría ha diseñado una estrategia para la evaluación que deberán hacer los órganos de control institucional a fin de asegurarse de que los gobiernos regionales acaten el descuento que, de conforme a ley, recibirían los profesores que estuvieron en huelga.

"La idea es evaluar quiénes han asistido y a quién se le ha descontado. Una vez que tengamos esa información, si hay discrepancias, nosotros tenemos que informar, cinco días después de terminado el mes, al Ministerio Público para que actúe", indicó.

Precisó, además, que la intención de algunos presidentes regionales de no descontar sueldos a los maestros que acataron la huelga indefinida contraviene la ley. Si se diera el caso, el Ministerio Público, "en aquellos casos que tenga que acusar, acusará", agregó.

Remarcó que los gobiernos regionales no pueden desconocer una norma de carácter nacional y cometen un error al pensarse autónomos.

"Una ley nacional está por encima de una posición regional o local. Aquí lo que hay que hacer es respetar las leyes. El que incumple las leyes comete un acto ilícito y eventualmente puede ser procesado", precisó.

Respecto a la evaluación del uso de los recursos del 'shock' de inversiones, indicó que está comprometido el 51,28% y pagado o ejecutado solo el 42,3%.

Responsabilizó de esta situación a la inexistencia de personal capacitado en la elaboración de proyectos sustentables. El cambio constante de especialistas al término de una gestión --comentó-- afecta el funcionamiento del Estado.

El contralor sostuvo que es prioridad fortalecer la capacitación en regiones y el SNIP para agilizar el uso de los recursos. Sugirió que este último debe convertirse en una entidad autónoma que no dependa del Ministerio de Economía.

Agregó que la falta de tecnócratas para diseñar proyectos y la flexibilización de los procesos de adquisiciones y contrataciones incrementan los riesgos al exigir mayor participación de la Contraloría .