Del consultor: Una sanción que preocupa

Por Samuel Abad Yupanqui, constitucionalista

Ayer, al amparo de una amplia delegación de facultades del Congreso de la República al Poder Ejecutivo para legislar en materia de tráfico de drogas, terrorismo, extorsión, crimen organizado, entre otros, se dictaron once decretos legislativos.

Esta delegación de facultades le ha permitido al Poder Ejecutivo regular los temas que consideraba fundamentales en materia de seguridad ciudadana, pese a que sus propuestas pudieron surgir del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que preside el propio ministro del Interior.

Un rápido análisis de estos decretos legislativos permite reflexionar sobre algunos temas puntuales.

En primer lugar, preocupa la decisión de penalizar y sancionar con inhabilitación la presencia y liderazgo de autoridades locales y regionales en las huelgas o manifestaciones públicas (Decreto Legislativo 982).

Una propuesta de esta naturaleza desconoce el principio de igualdad, pues pretende incrementar las penas a una persona que ejerce un cargo público y participa en una huelga. Además, pareciera que trata de evitar la existencia de liderazgos locales o regionales.

Siempre hemos pensado que en casos de manifestaciones o mítines es mejor que el Poder Ejecutivo fortalezca la Unidad de Conflictos Sociales.

También preocupa constatar la intención de ampliar las facultades policiales para detener a una persona a partir de una indebida interpretación extensiva del concepto de flagrante delito (Decreto Legislativo 989).

En definitiva, estos once decretos mantienen la tendencia de incrementar penas, lo cual --como la experiencia lo viene demostrando-- no resolverá el problema de inseguridad ciudadana en el país.

Mejor hubiera sido que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana asumiera el liderazgo que hasta el momento no tiene.