Nada debe detener ahora la reforma educativa

Uno de los logros del primer año de gobierno aprista ha sido dar los primeros pasos hacia una reforma educativa, objetivo nacional en el que ya no podemos darnos el lujo de retroceder, como tantas veces en el pasado.

La ley recientemente aprobada reclama precisamente la participación responsable del magisterio, pero también de los alumnos y de padres de familia dentro del proyecto que debe seguir liderando el Gobierno, según lo estipula el ordenamiento constitucional.

Un retroceso en este sentido sería, pues, contraproducente y culturalmente suicida, más aun cuando el propio presidente Alan García se ha comprometido a alcanzar metas bastante altas en el rubro Educación al término de su mandato. Por ejemplo, erradicar el analfabetismo y aumentar en 30% el nivel de comprensión de lectura y de razonamiento matemático, con lo cual el Perú saldría de las antípodas en las que se encuentra en materia de rendimiento escolar.

TAREAS PENDIENTES
La evaluación a los docentes ha sido un gran primer paso, que puso a prueba la capacidad y temple del régimen, para empezar a doblegar la tozudez de una cúpula sindical politizada e ideologizada que se oponía a cualquier cambio simplemente para poder mantener las gollerías que le deparaba un sistema de relación contractual ya obsoleto. Los cambios en el régimen de licencia sindical, en la derrama magisterial, fueron otros avances significativos iniciales que anunciaron el cambio más desafiante.

Como señalan los educadores y especialistas, la nueva ley de carrera pública magisterial es el cuerpo normativo adecuado y necesario para introducir los criterios de eficiencia y reconocimiento al mérito en la docencia. Los problemas que se suscitaron obedecían más a una deficiente política de comunicación y, otra vez, a la manipulación ideologizada del radicalismo sutepista, antes que al contenido mismo de la propia ley, que debe ser correctamente explicada a los maestros. Un paso pendiente es proceder a la reglamentación de la misma ley, sin nuevas distorsiones y al amparo del diálogo entablado entre el Gobierno y losmaestros.

Después de las protestas violentistas de las últimas semanas, hay afortunadamente atisbos de sensatez en la cúpula sindical, que debe avenirse a las nuevas reglas de juego. Por su parte, el Gobierno deberá seguir manteniendo con toda legalidad y legitimidad el orden, autoridad y eficiencia, así como recomponer la relación con el magisterio. Punto a favor de ello son las recientes disculpas públicas que presentó el presidente García a los maestros.

De otro lado, con el Proyecto Educativo Nacional como gran telón de fondo, deberá proseguir e intensificarse la capacitación, actualización y premiación de los profesores por su desempeño, sin revanchismo ni politiquería, en todo el país.

Esto debe vincularse con la meta esbozada por el Gobierno de potenciar la labor de los gobiernos locales y regionales, responsables también ahora de la educación de sus jurisdicciones. Hay que desterrar algunos fantasmas en este terreno, en el que se llegó hablar equivocadamente de la 'privatización' de la educación. La tarea central es relacionar la descentralización a la mejora de la calidad educativa, basados en las particularidades de cada región y de sus proyectos educativos.

Asimismo, tiene que replantearse el papel del Colegio de Profesores. No puede haber dos dirigencias que se disputan la representación.

LOS PADRES TIENEN LA PALABRA
Grandes actores en este proceso de reforma son los padres de familia que, a través de las Apafa, tienen que aportar su cuota de participación y fiscalización, para apoyar a la autoridad, emitir su opinión y trabajar junto con los buenos maestros, que los hay por cientos de miles. Queda aún un largo trecho por recorrer. En el fondo, subyace en la ciudadanía el convencimiento de que la educación es un derecho fundamental y un vehículo principal para la movilidad e inclusión social.