Contralor pide 40 millones de soles para vigilar gasto fiscal

Por Jorge Saldaña Ramírez

La Contraloría General de la República requiere de 40 millones de soles extras para prevenir cualquier acto de corrupción que pueda ocurrir durante la ejecución de los 16 mil millones de soles que --según precisó el sábado Alan García en su mensaje presidencial-- el Gobierno distribuirá hasta fines de año a los gobiernos regionales y locales.

En otras palabras, si el único ente de rango constitucional que tiene por misión vigilar el buen uso de los recursos públicos recibiera el equivalente al 0,25% de esa enorme inversión fiscal descentralizada expuesta anteayer por el mandatario, el país podría ahorrarse eventuales y futuras denuncias de corrupción en perjuicio del Estado.

Esa fue la voz de alerta que el contralor general de la República, Genaro Matute, dio ayer a El Comercio, cuando se le preguntó cómo hará su despacho para vigilar el buen uso de los 16 mil millones de soles que el gobierno aprista ya empezó a distribuir a los gobiernos locales y a los regionales.

El 2006 la Contraloría General pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que autorizara un giro extrapresupuestal de 40 millones de soles para el presente ejercicio fiscal 2007, pero no hubo ninguna respuesta.

Esos 40 millones estaban divididos para realizar control sobre grandes obras públicas, como las carreteras interoceánicas, además de tres oficinas regionales del ente contralor, y también para nombrar a 186 jefes de órganos de control institucional en igual número de municipalidades provinciales (ya que a la fecha solamente están en planilla 8 jefes de este rango). Lamentablemente no se hizo caso.

Para el año fiscal 2008 se volverá a requerir al MEF igual incremento presupuestal de 40 millones de soles, que servirían para contratar a profesionales capacitados para realizar control preventivo, "porque de otra manera no podremos acompañar la inversión nacional. Falta mucho capital intelectual en el actual nivel profesional de las regiones. Hay que hacer una inversión muy fuerte para no caer en un problema serio de corrupción", alertó.

"Tenemos en estos momentos --continuó-- un déficit de por lo menos 300 a 400 profesionales (de administración, ingeniería, contabilidad, economistas y derecho) que ya deben estar en la contraloría para que tengamos presencia institucional y ejercer control estatal en todas las obras del país", dijo.

Matute informó que no tiene previsto conversar sobre el particular con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, porque una vez lo hizo para explicarle por qué es importante que el control vaya de la mano con la inversión estatal. "Nunca se nos entregó nada (de los recursos extra solicitados). Al contrario, nos recortan dinero".

Y la prueba de ello es que cuando el Gobierno dictó en noviembre del 2006 el 'shock' de inversiones, se autorizó girar a la contraloría una partida extra de 8 millones de soles para contratar a gente que fiscalice este gasto extraordinario de inversión fiscal. "Este 'shock' no va a parar, pero no se ha considerado esos 8 millones en nuestro presupuesto del 2008. O sea, no hay una visión clara del MEF para trabajar un sistema de control preventivo con la contraloría", sentenció.

Anoche, en el programa "Cuarto poder" de América Televisión, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, reveló que se ha convocado a un concurso para contratar a 100 profesionales para mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales.

Anteayer, el presidente de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, Vladimir Huaroc, advirtió a El Comercio que lo que no se ha precisado en el mensaje presidencial es que el 80% de los 16 mil millones de soles que se distribuirán en el país se destinará para pago de planilla y solo queda un 18% para los gastos de inversión.

En los últimos años nuestro país ha sido testigo de esfuerzos para combatir la corrupción pública, desde la constitución de más de mil mesas de concertación ciudadana de toda índole hasta normas legales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales. Todo este esfuerzo es para que no repitamos el dato que reveló la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA), que auspició el gobierno de transición de don Valentín Paniagua: el alto costo que significó la corrupción fujimorista en el Perú, que bien hubiera servido para reducir en diez años del 29,7% al 14,9% el nivel de la extrema pobreza de la población nacional.

Ahora que la actual bonanza económica se va a descentralizar hacia los gobiernos regionales y municipales, vale la pena recordar la Cuarta Encuesta Nacional sobre Corrupción 2006 elaborada por Proética: el 55% de la ciudadanía considera que estas dos instancias de gobierno son corruptas, y en el interior del país el 50% de los peruanos dice que la corrupción de funcionarios y autoridades sigue siendo el principal problema que impide el desarrollo del país. Esta percepción de la ciudadanía es algo que hay que tener en cuenta. Y exige que la gestión pública sea hoy mucho más eficiente.

Al grano:  "No hay una política anticorrupción"

Edgard Reymundo (UPP)
Presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso

¿Qué es lo que le faltó al mensaje presidencial del 28 de julio desde su óptica?
Lamento decir que el presidente García Pérez no ha desarrollado una política de Estado orgánica y articulada sobre un mal secular de la República, que es la corrupción. Quizás por temor a que refleje algunas debilidades o debilitar la alianza que tiene (el Apra) con el fujimorismo. Tampoco ha señalado autocríticamente que el 'shock' de inversiones hizo agua.

Y ahora se anuncia que a fines de año los gobiernos regionales y locales manejarán directamente 16 mil millones de soles.
Me parece muy bien, pero no olvidemos que uno de los males seculares de la historia es la corrupción. Por eso es necesario estar atentos a la lucha contra la corrupción, y para ello se necesita un trabajo articulado en el control político. Al Congreso le corresponde vigilar que esa inversión se ejecute con eficacia y, fundamentalmente, seriedad.

¿Por qué no se aprobó en el primer año del actual Congreso la ley de protección al denunciante?
Desde el mes de setiembre del año pasado está "en cuarto intermedio" la ley de protección al denunciante. ¡Imagínese cuando no hay voluntad política!

Se dijo que esta ley favorecía el soplonaje.
Es mentira. Lo que se pretende es proteger a quien denuncia una corruptela estatal sin recibir ninguna coacción o la presión de sus jefes. Antes nos decían que la coima para que el Estado otorgue la buena pro a las empresas era del 10% del total del costo de la obra. ¡Ahora estamos sobre la base del 30%! La sobrevaluación en la compra de los patrulleros del caso Mazzetti llegó más o menos a 13 millones de soles de los 45 millones, que fue el total de la compra. Con esa proyección llegaríamos a 6 mil millones de soles por 'coimisiones' al año de un total de gasto público de 25 mil millones de soles.

EL DATO
Relación de dos a uno
Ahora los gobiernos regionales y municipales tienen el 70% de esos 16 mil 600 millones de soles y el Gobierno Nacional solo tiene el 30% del dinero para la inversión. Eso significa que las regiones y los municipios cuentan para obras con 11 mil 800 millones de soles.