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Jueves, 19 de enero de 2006
Defensa de DD.HH. es débil en Perú

Human Rights Watch expresa preocupación por corrupción municipal y falta de transparencia



WASHINGTON. Para la organización Human Rights Watch (HRW), en el Perú, el tema de los derechos humanos atraviesa por un período de "lentitud e ineficiencia" y cuestiona al Estado Peruano de no hacer lo suficiente para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregadas en agosto del 2003.

Su informe anual 2005, presentado ayer en Washington, alerta que "la corrupción de los gobiernos locales y la falta de transparencia en diversas dependencias gubernamentales" últimamente se han convertido en detonantes para el surgimiento de actos violentos en determinadas áreas rurales.

También señala que la policía peruana usa la fuerza letal injustificadamente al enfrentar las protestas públicas, a veces con consecuencias irreparables, alertando que "antiguos problemas como la tortura y las condiciones penitenciarias inhumanas continúan despertando preocupación".

De igual modo asegura que "los periodistas de ciudades y pueblos de las provincias se exponen a ataques físicos e intimidaciones por criticar a las autoridades locales".

José Miguel Vivanco, director de HRW-América, menciona que el gobierno del presidente Alejandro Toledo no cuenta con los niveles de respaldo popular suficientes para consolidar su anunciada lucha para detener las violaciones de derechos humanos en el país.

"En el Perú se han dado avances significativos para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, pero aún faltan muchas cosas por hacer en materia de independencia judicial y actos de corrupción", comentó Vivanco.

Destacó que actualmente más de 40 ex agentes del grupo Colina, escuadrón de la muerte responsable de desapariciones y ejecuciones a principios de los noventa, estuvieran detenidos a la espera de juicio.

En el tema vinculado con las Fuerzas Armadas, el informe enfatiza que los tribunales militares insisten en retener la competencia sobre los casos en los que está implicado el personal militar, lo que supone un obstáculo importante para la justicia.

HRW señala que la ineficiencia burocrática, la carencia de recursos y la falta de investigadores calificados han contribuido a los retrasos de varios juicios pendientes o imposibilitado la reapertura de algunos donde las evidencias demuestran una clara participación tanto de militares como de autoridades civiles.



Miguel Vivanco - Corresponsal



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