Editorial de hoy: Diálogo espinoso

Ahora que el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, ha sido liberado de prisión, una delegación ministerial irá a sentarse en una mesa de diálogo con él y Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar, Cusco. Mollohuanca ha dejado de lado su condicionamiento de que el Estado levante el estado de emergencia en la zona para proceder al diálogo. Esto de “habrá diálogo” parece ser muy democrático. No nos engañemos. Lo que ocurrirá es lo que está convirtiéndose en una práctica usual tras una protesta violenta en el país: el Estado negociará con quienes promovieron la violencia y cederá más de lo que la ley manda. Así se intentará comprar paz –por lo menos hasta la próxima–, al margen del asunto de fondo, es decir si la contaminación del agua denunciada procede de la minera Xstrata o no.

Esta negociación no es democrática porque hace que las empresas mineras y las poblaciones aledañas a ellas no tengan los derechos que prefija una ley nacida del proceso democrático, sino que cada cual logre “derechos” sobre la base de su capacidad de presión, y a costa de las garantías de los demás.

Si no se tratase de esto, la mesa no tendría razón de ser. Está claro que si la minera está violando sus obligaciones ambientales, lo que procede es que los órganos ejecutivos encargados de fiscalizarla lo demuestren y que le caiga encima todo el peso de la ley. Así, el gobierno no tendría que “dialogar” para cumplir con su deber y multarla, obligarla a pagar una indemnización y perseguirla penalmente. Si, por otro lado, la minera cumple con la ley ambiental y con todas sus obligaciones tributarias y laborales, lo que corresponde es garantizar sus derechos.

El ministro del ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dirá que “dialogar” es la mejor manera de tranquilizar a una población legítimamente preocupada por las implicancias de proyectos extractivos sobre su medio ambiente. Pero esto no es cierto, porque el gobierno sabe que los dirigentes con que dialogará no están, como suele ser el caso, de buena fe.

Cuando Mollohuanca y Huamán rompieron el diálogo permanente con Xstrata como parte del convenio marco de esa minera con la población, exigieron a la empresa subir el “aporte voluntario” a la comunidad del 3% al 30%. Quisieron además que este dinero fuera manejado por un comité liderado por ambos y no por la fundación de la minera. Ello, pese a que esta ha convertido dicho aporte en obras, mientras que la ineficiente gestión de Mollohuanca dejó sin ejecutar, entre otras cosas, el 63% de un proyecto ya aprobado de agua y saneamiento; precisamente tema central de su lista de reclamos a la minera.

En el caso de la aparente contaminación del agua en la zona de influencia de Xstrata, entre el 2008 y el 2010 se realizaron ocho “monitoreos participativos” al medio ambiente de la zona, en los que participaron representantes de la municipalidad, de las comunidades y del Frente de Defensa (incluso en el 2009 participó personalmente el propio Huamán), además de los del Gobierno y la minera. Los ocho arrojaron el mismo resultado: no había contaminación. No se puede negar, sin embargo, que existe un estudio evacuado por el Ministerio de Salud que encontró niveles de arsénico, mercurio, plomo y cadmio en algunos campesinos de Espinar. Este informe requiere ser aclarado para tranquilidad de la población de la zona y para garantizar la estabilidad necesaria para el desarrollo de otros grandes emprendimientos mineros.

Habría tenido sentido que el Estado busque informar directamente a la población (por ejemplo, mediante audiencias públicas) de cómo se le ha utilizado con fines políticos y si la minera está o no contaminando. En lugar de eso, ha vuelto a optar por sentarse a negociar con los autores del engaño, invitando así a muchos otros oportunistas a lo largo y ancho del país, por centésima vez, a seguir su ejemplo violentista.