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lunes 25 de junio del 2012 10:16

Corte suprema de EE.UU. rechazó mayor parte de polémica ley de Arizona

Sin embargo, el tribunal avaló que la Policía compruebe el estatus de quienes crea que no se encuentran legalmente en el país

Corte suprema de EE.UU. rechazó mayor parte de polémica ley de Arizona
La Corte Suprema de los Estados Unidos. (AP)

(Agencias). La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto hoy las disposiciones clave de la ofensiva de Arizona contra los inmigrantes irregulares.

La sentencia ratifica que el control de la inmigración es jurisdicción del gobierno federal y niega que pueda ser regulada por los estados en forma individual.

Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano avaló una parte de la ley que obliga a la Policía estatal a comprobar el estatus de quienes crea que no se encuentran legalmente en Estados Unidos.

La decisión judicial respalda por el momento la cláusula de “múestreme sus papeles“, pero le restó fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley de inmigración.

LAS CLÁSULAS DEROGADAS
El magistrado Anthony Kennedy escribió que la opinión de la corte fue unánime con relación a permitir que se realice la verificación del estatus migratorio. El máximo tribunal estuvo dividido en torno a derogar las otras disposiciones. La corte derogó las siguientes cláusulas:

- Requerir que todos los inmigrantes obtengan o porten papeles que demuestren que están registrados ante las autoridades de inmigración;

- Convertir en ofensa penal estatal el que un inmigrante no autorizado busque trabajo o tenga un empleo; y

- Permitir que la Policía arreste a presuntos inmigrantes que carezcan de permiso de residencia sin contar con una orden judicial.

ESTATUS MIGRATORIO, EN OBSERVACIÓN
El gobierno de Obama había argumentado que las cuestiones de inmigración eran una función estrictamente federal.

En su fallo, la Corte Suprema dejó en claro que la disposición sobre el estatus migratorio aún puede enfrentar futuros desafíos constitucionales en función de cómo el estado hace cumplir la ley.