Gustavo Guerra García, asesor en temas de servicio urbano, dijo que otras 419 empresas trabajarán con normalidad
El asesor en temas de transporte público del municipio limeño, Gustavo Guerra García, descartó que se haya postergado la implementación de 13 infracciones contempladas en la ordenanza 1599, debido a posibles medidas radicales en el paro convocado para mañana.
“Las sanciones que tienen que ver con cuestiones técnico vehiculares, como el control de la música y los GPS, requieren de un protocolo de intervención. Hay que establecerlas con cuidado porque se necesita de una reglamentación adicional”, explicó.
Guerra García detalló que este sustento legal para su aplicación debe estar listo en dos meses aproximadamente, para que luego entren en vigencia. Dijo además que se priorizarán las nuevas sanciones, por ejemplo a las denominadas líneas ‘pirata’ y a los vehículos que dan el servicio de ‘taxi-colectivo’.
“Hemos incorporado 700 fiscalizadores para la aplicación de las nuevas disposiciones. Quiero dar confianza que mañana habrá servicio normal. En todo caso habrá una flota adicional del Metropolitano disponible por si es necesario. Esperamos no tener que utilizarlo pues son 419 empresas que no pararán y solo siete que parece acatarán el paro”, indicó.
GREMIOS SIGUEN ENFRENTADOS
En tanto, el presidente de la Sociedad de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, respaldó lo dicho por Guerra García ya que las 280 empresas a las que representa realizarán mañana sus labores en todos los conos de la capital. “Se trata del 80% de las empresas”, acotó.
Por su parte, Paula Hermoza, presidenta de la Coordinadora Nacional de Transporte Urbano, defendió el ingreso de los trabajadores a planilla y que ahora se adjudiquen las rutas a las empresas vía licitaciones; todo ello incluido en la nueva ordenanza municipal.
En respuesta a ambos salió Omar Calderón, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo, quien señaló que Pareja fue candidato al Congreso por Fuerza Social, partido de la alcaldesa, Susana Villarán.
Sobre la postergación de algunas medidas de la ordenanza refirió: “Villarán anuncio en abril que desde el 2 de julio entraban en vigencia las medidas, y por su propia incapacidad han tenido que suspender algunos puntos. La mesa de diálogo no tiene sustento legal, es una reunión de amigos”.
