(Editorial) ‘Golpeachment’

Ya se sabe que de la exageración al vacío hay un paso. Y tiene sentido: cuanto más fuerce uno la verdad al describirla, menos probabilidades tiene de que los demás crean lo que está diciendo. Tal vez han debido tomar en cuenta esto los aliados ideológicos internacionales de Fernando Lugo antes de salir a propagar que ha sido víctima de un “golpe de Estado” –atravesando los límites de lo grotesco, en el caso del octogenario dictador cubano, Raúl Castro, quien se ha quejado porque “los golpes de Estado han vuelto al continente”–. Menudo ‘golpe de Estado’ este, a cuyo procedimiento el ahora depuesto Lugo declaró “someterse” y cuyo resultado aceptó en un primer momento.

No queremos decir con esto que lo sucedido en Paraguay haya sido un ejemplo de espíritu democrático. Pero ciertamente tampoco se puede afirmar que ha sido un golpe. Para describirlo con precisión, en todo caso, habría que buscar un término intermedio. Algo así como el vocablo de ‘spanglish’ que han acuñado en Brasil jugando con la palabra ‘impeachment’ (el procedimiento constitucional por el cual en los sistemas anglosajones se destituye a un presidente): ‘Golpeachment’.

Golpes de Estado son los que violan la forma en que la Constitución otorga el poder en una República. Lo sucedido en Paraguay, en cambio, se ha ajustado a la letra de lo dispuesto por su Constitución. Así, ella establece que el Congreso del país puede destituir a un presidente si 54 de sus 80 diputados (es decir, 2/3 de la Cámara) consideran que el “mal desempeño de sus funciones” así lo amerita, y si 30 de los 45 miembros del Senado luego confirman esta opinión. Pues bien, en el caso de Lugo votaron 76 diputados a favor de su destitución por esta causal (y solo uno en contra); y 39 senadores confirmaron luego esta decisión. Es decir, lo único que requiere la Constitución es que un número de los representantes del pueblo encuentre que el presidente ejerce su cargo suficientemente mal como para ser destituido y ese número se cumplió de sobra, hasta rozar la unanimidad: casi la totalidad de los representantes de ambas cámaras y de los partidos en ellas representados estuvieron de acuerdo con destituir a Lugo. Por lo demás, la Constitución no establece un plazo mínimo para el proceso de destitución.

Ahora bien, que los congresistas hayan hecho uso de un derecho que les da la Constitución no quiere decir que lo hayan hecho de un modo prudente ni favorable para el desarrollo de la democracia de su país. La destitución de la cabeza del Ejecutivo es un arma que está pensada para un uso excepcional: para los casos extremos, gruesos, donde la gravedad de lo hecho o descubierto sobre el presidente hace evidente que no es apto para servir hasta el fin de su mandato constitucional. Si esa arma es usada como un instrumento más de la lucha política entre partidos –para eliminar a un oponente y buscar suplantarlo en el poder en momentos en que la conflagración de fuerzas políticas se le vuelve desfavorable– se abren las puertas para una inestabilidad permanente que podría hacer muy difícil concretar cualquier avance gubernamental, sometiendo a todo el Estado a un horizonte de impredictibilidad. Los partidos que una vez fueron víctimas de un uso ligero del arma no tendrán empacho en usarla así después contra sus enemigos.

A Lugo lo han destituido basándose en un hecho (17 muertes causadas por la policía en medio de un enfrentamiento violento ocasionado por un desalojo de invasores) del que no está libre ningún jefe de Estado, aunque sea uno diligente y escrupuloso. Los que lo han destituido lo saben y por eso lo han hecho en cuestión de horas, sin dejar tiempo para defensas, debates ni explicaciones. Pero no han tomado en cuenta que, si hoy es Lugo, mañana podrá muy bien ser el sucesor que salga de las elecciones del próximo abril y que provenga de las canteras de los hoy destituidores. Y así.

Las libertades republicanas, como todas las libertades, si no se usan con responsabilidad, pueden autodestruirse. Acaso por eso decía el primer ministro inglés Lloyd George que la libertad no es simplemente un privilegio que se otorgan los pueblos, sino un hábito que solo adquieren trabajosamente.