Solo se puede luchar contra la corrupción haciendo cumplir las normas sensatas y deshaciéndose de las absurdas
El 2008 fue el último año en que el desempleo apareció en las encuestas como el principal problema del país. A partir de allí han sido la corrupción y la delincuencia los problemas que más han atribulado a la ciudadanía. Y este año, la delincuencia desplazó a la corrupción al segundo lugar, según la VII Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción en el Perú.
Mientras en el 2003 el 25% de los encuestados consideraba la corrupción el principal problema, en este año 47% comparte esta percepción. Un 51% cree que la corrupción de funcionarios y autoridades es el mayor obstáculo que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país. Un 53% considera que es la primera razón por la que los programas sociales no han sido eficientes para reducir la pobreza, particularmente el Vaso de Leche y el Pronaa, vistos como los más corruptos. La policía y el Poder Judicial, por su parte, aparecen como las instituciones que la gente estima más corruptas. Tanto es así que un 78% piensa que es bastante posible sobornar a un policía, mientras que un 69% piensa lo propio de un juez. Su contraparte, la empresa privada, por otra parte, también es vista como sumamente corrupta. Por eso, no es de extrañar que un 85% considere que los peruanos no respetan las leyes.
No es raro, por lo demás, que los problemas que se disputan el primer lugar sean delincuencia y corrupción, pues suelen estar estrechamente vinculados. Es la corrupción, después de todo, lo que posibilita la impunidad.
Detrás de ambos problemas y su mortal simbiosis, existe una raíz común: en el Perú la ley no se hace cumplir. Y esto, que no es más que la definición de impunidad, lo encontramos por donde miremos: el policía, que decide no ver los resultados de una prueba de alcoholemia a cambio de sentir un billete en la palma de su mano. El juez, cuya balanza a menudo la inclina el peso del dinero. O el funcionario municipal, que ve en la exigencia de requisitos ilegales y burocráticos para otorgar una licencia una oportunidad de negocio. Y los ejemplos a todo nivel de gobierno sobran.
¿Cómo logramos que en el Perú las normas estatales dejen de ser suplantadas por la criolla viveza, el poder del dinero o la influencia política? Para empezar, reformando las instituciones que están encargadas de hacer cumplir la ley y, a su vez, perseguir a quienes la incumplen: la contraloría, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Pero hay más que eso por hacer. Buena parte de los actos de corrupción son cometidos por ciudadanos que solo tratan de sortear normas y regulaciones irracionales y excesivas que no deberían existir en primer lugar. Por ejemplo, requisitos absurdos para obtener licencias de funcionamiento o para realizar distintas actividades económicas. Aquellos actos son la (reprochable) garrocha con la que muchas personas saltan un obstáculo que el Estado, por su ineficiencia, lanzó en el camino de la gente.
Para resolver esto último hay varias reformas por implementar. Tiene que reforzarse la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, dándole recursos y logrando su independencia del poder político. Asimismo, tiene que establecerse que cualquier nueva exigencia que quiera imponer una institución pública a los ciudadanos debe estar respaldada por un análisis costo-beneficio que demuestre su necesidad (y no nos referimos a algo similar a las vergüenzas de análisis a las que nos tienen mal acostumbrados la mayoría de nuestros congresistas cuando presentan sus proyectos de ley). En EE.UU., por ejemplo, existe una entidad pública encargada de diseñar un detallado y técnico formato estándar con el que tiene que cumplir todo nivel del Estado para realizar este tipo de evaluación y sustentar la necesidad de las exigencias que realiza a los ciudadanos. Y el que no cumple con el mismo simplemente no puede poner en vigencia estas exigencias.
En pocas palabras, parte importante de la reforma es asegurarse de que detrás de cada papel que nos pide el Estado haya una buena justificación. Porque, de no haberla, se deja un espacio abierto que rápidamente lo llena la corrupción.
