Gisela Ortiz criticó nuevamente las reparaciones civiles por casos de violaciones de derechos humanos y las calificó de “burla”
A 20 años del secuestro y posterior asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta a manos del grupo paramilitar Colina, la representante de los deudos de las víctimas, Gisela Ortiz, cuestionó que los responsables de los años de terror que vivió el país no quieran reconocer sus responsabilidades, entre ellos el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización pro Sendero Luminoso y que pide la liberación del sanguinario terrorista Abimael Guzmán.
“Sigue habiendo ese afán de no querer reconocer la responsabilidad que tienen, de no reconocer el daño caudado y eso me parece más peligroso, peor aún cuando se levanta el tema de la impunidad a través del indulto o la amnistía. Creo que como peruanos no podemos permitir ese manto de olvido, no solo de los crímenes del Grupo Colina, de los agentes del Estado, sino también de los crímenes del terrorismo”, indicó.
CALIFICA DE “BURLA” REPARACIONES CIVILES
Asimismo, insistió en decir que es indignante el monto de S/. 10 mil que el gobierno pasado estableció como reparación para las familias afectadas por casos de violaciones de derechos humanos.
“En realidad todo el tema de la reparación sigue siendo una burla frente al derecho de los familiares. De manera general, el monto impuesto por el gobierno de Alan García, a través del decreto 051 del 2011, es un monto de 10 mil soles por familia, por víctima para reparar todo el daño causado. Es un monto realmente indignante que no significa para nada la reparación”, sostuvo en declaraciones a Ideeleradio.
Al respecto, cuestionó que el ex presidente Alberto Fujimori y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Julio Salazar Monroe, ambos sentenciados por crímenes de lesa humanidad, no hayan pagado las respectivas reparaciones civiles.
“…Hasta ahora los familiares no podemos acceder a ese derecho, que es la reparación”, criticó.
EL INICIO
[18/07/1992]
Nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta son detenidos en una intervención militar realizada en horas de la noche en el campus de esa casa de estudios.
[02/04/1993]
El congresista Henry Pease da a conocer ante el Parlamento un documento anónimo hecho llegar a su persona, según el cual los estudiantes y el profesor fueron asesinados y luego desaparecidos por efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Congresistas oficialistas no dan credibilidad a lo que dice Pease y señalan que el documento es apócrifo.
[16/04/1993]
La Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar abrió una investigación sumaria en torno a los sucesos ocurridos en la universidad La Cantuta.
[08/07/1993]
Un año después de la desaparición, varias fosas son descubiertas en un paraje de Cieneguilla. Los restos coincidían con algunos de los estudiantes desaparecidos. Se encuentra un manojo de llaves que tiempo después se confirmó pertenecían a los estudiantes Armando Amaro Cóndor y Juan Mario Figueroa. Los periodistas llegaron hasta ese lugar utilizando un mapa que les fue remitido anónimamente. Representantes del gobierno dijeron que el documento había sido filtrado por Sendero Luminoso.
[12/11/1993]
Aparecen nuevas pruebas. El fiscal Cubas Villanueva encuentra restos humanos en un campo de tiro PNP ubicado en Huachipa. Se encuentra un cadáver incompleto y con tres disparos de bala en el cráneo. Era del estudiante Enrique Ortiz. Posteriormente se comprobó que los estudiantes fueron victimados y enterrados en ese lugar el día del secuestro. Luego fueron sacados de allí, quemados y llevados al paraje de Cieneguilla.
