Para Relaciones Exteriores, hija del general Saucedo, preso por corrupción, incurrió en enriquecimiento ilícito antes de entrar al servicio
CECILIA ROSALES FERREYROS
Una resolución del vicecanciller José Beraún ha causado preocupación en la cancillería.
Se trata de la decisión de absolver a la segunda secretaria del servicio diplomático Annie Jacqueline Saucedo Linares del proceso administrativo disciplinario que se siguió en su contra dentro de la institución.
La hija del general César Saucedo Sánchez, condenado por corrupción, ha sido sentenciada por la Corte Suprema como cómplice secundaria del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
El tribunal le impuso una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el término de tres años, sujeta a diversas normas de conducta. Además, fijó en S/.4 millones el importe por concepto de reparación civil a favor del Estado que debe pagar junto a su hermana, condenada por el mismo delito.
A pesar de ello, Beraún, amparado en un informe de la Comisión Disciplinaria de la Cancillería, la absolvió argumentando que el delito se cometió entre julio de 1992 y julio del 2000 cuando “no era funcionaria, ni alumna de la Academia Diplomática”.
Además, Beraún basa su decisión en que el cómplice secundario –en este caso lo fue de su padre el general Saucedo– “es aquel que presta una colaboración que no es indispensable para la comisión del delito”.
La Comisión Disciplinaria que vio su caso solo dispuso que la funcionaria sea suspendida en el ejercicio de sus funciones durante 12 meses.
La decisión de Beraún no tomaría en cuenta el artículo 148 del reglamento del servicio diplomático que señala como causal de destitución el haber recibido sentencia condenatoria por la comisión de un delito doloso. Dicho artículo no distingue si el delito se cometió antes o después de ingresar a la administración pública.
DEFIENDE DECISIÓN
El vicecanciller José Beraún ratificó en conversación con El Comercio los argumentos que lo llevaron a no destituir a Annie Saucedo, condenada por delito doloso.
“La Ley del Servicio Diplomático y su reglamento se deben aplicar a los funcionarios diplomáticos. En este caso, los hechos por los cuales fue sentenciada sucedieron antes de que ella fuera diplomática”.
Cuando se le mencionó que también existe una ley de bases de la carrera administrativa -aplicable a todos los funcionarios- que dispone la destitución (artículo 161) en caso de condena penal, señaló: “Nosotros tenemos que guiarnos por nuestra ley y nuestro reglamento”.
